Castilla y León defiende el recorte de subvenciones a UGT y CCOO: «No es un derecho adquirido»

• Rodrigo Villar @Rodrigo_Villar_
• Periodista en OKDIARIO. Redactor en la sección de Nacional. Contacta: rodrigo.villar@okdiario.com
• • 07/05/2024 11:53
  • Actualizado: 07/05/2024 11:53

La consejería de Industria, Comercio y Empleo de Castilla y León ha redactado un informe, en respuesta a la reclamación presentada por UGT y CCOO ante el Comité Europeo de Derechos Sociales en la que denuncian que la Junta ha incumplido el Diálogo Social, donde defienden el recorte a las subvenciones de los sindicatos. En dicho escrito el Gobierno castellanoleonés ha defendido que las organizaciones sindicales no poseen un «derecho adquirido» para percibir estas partidas presupuestarias. Además critican que tanto UGT como CCOO omiten las críticas hacia el Ejecutivo de Pedro Sánchez cuando incumple repetidamente el Diálogo Social.

Según la propia consejería de Industria, Comercio y Empleo, que pilota Vox, el Gobierno sanchista ha incumplido el Diálogo Social en los siguientes casos:

• En primer lugar, con respecto al Salario Mínimo Interprofesional para 2024. Dicho salario mínimo no fue objeto de negociación, sino que fue impuesto por el Gobierno de España teniendo únicamente en cuenta la postura de los sindicatos.
• En segundo lugar, la reforma de las pensiones con la modificación de la Ley General de la Seguridad Social. Dicha modificación legal promovida por el Gobierno socialista con el apoyo únicamente de los sindicatos UGT y CCOO se culminó, según la Junta de Castilla y León, dejando fuera a los empresarios.
• En tercer lugar, el Estatuto del becario que fue acordado únicamente con los
  sindicatos de extrema izquierda, dejando fuera del acuerdo a la CEOE. La aprobación de esta norma no cuenta con el beneplácito de la patronal, pero tampoco con el de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, integrada por 76 universidades españolas públicas y privadas, las cuales calculan que más de 1,5 millones de estudiantes universitarios y de formación profesional (650.000 de la Universidad y 500.000 de FP) podrían quedarse sin poder realizar prácticas y podrían no finalizar sus estudios con la entrada en vigor del Estatuto del Becario.
• En cuarto lugar, y por lo que respecta a la Jornada laboral, se ha anunciado desde el Gobierno de España la decisión unilateral de reducir por ley la jornada laboral, sin Diálogo Social de ningún tipo. Este hecho ha sido reconocido por los propios sindicatos y han establecido una mesa bipartita con la patronal para estudiar el asunto.
• En quinto lugar, el intento de modificación de la negociación colectiva con la finalidad de determinar la prevalencia de los convenios autonómicos a través de la reforma de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, así como la reforma del subsidio de paro, incluidas ambas en el Real Decreto 7/2023, de 19 de diciembre, que decae el enero pasado tras su falta de convalidación en el Congreso de los Diputados. Los acuerdos de investidura del PSOE con el PNV incluyen materias de negociación colectiva sobre primacía de los convenios autonómicos y sobre la ruptura de la Caja de la Seguridad Social. Asimismo, la reforma en cuanto del subsidio de paro también se ha planteado de forma unilateral por el Gobierno de España. Ambas modificaciones han decaído tras la falta de votos para la convalidación en el Congreso de los Diputados del Real Decreto 7/2023, de 19 de diciembre.
• En sexto lugar, la modificación publicada en el Boletín Oficial del Estado de 1 de mayo de 2024, del Real Decreto que regula desde 2013 el Consejo Estatal de la pequeña y mediana empresa. Con esta modificación, el ejecutivo estatal, sin contar con la patronal, varía su composición posibilitando la entrada de un nuevo vocal de las organizaciones empresariales de ámbito estatal e intersectorial que ya no tendrán que ostentar la condición de más representativas.

Todo ello, dicen desde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, no ha sido denunciado por los sindicatos UGT y CCOO, que, en cambio si se manifiestan en contra de los recortes a sus subvenciones en Castilla y León.

«Los sindicatos han convertido el Diálogo Social en un fin para la obtención de subvenciones y no en un medio que permita a través de la negociación entre diferentes actores mejorar el bienestar de los ciudadanos a través de distintas políticas públicas. De este modo, queda claro que mientras reciben subvenciones no se quejan del mal funcionamiento del Diálogo Social incluso cuando son conscientes como hemos señalado, que hay muchas decisiones del Gobierno de España que han incumplido el mismo. El Diálogo social no consiste en reclamar la devolución de subvenciones por parte de los sindicatos para financiar sus estructuras, sino que debería ser un medio que permitiese negociar políticas públicas que procurasen mayor bienestar y crecimiento económico a la sociedad», afirman.

Recortes a los sindicatos

Cabe decir que el Gobierno castellanoleonés, a través de la consejería de Industria, Comercio y Empleo, que dirige Mariano Veganzones, ha recortado más de 20 millones de euros en subvenciones a estos sindicatos. Concretamente, en el periodo comprendido entre 2018 y 2023 recibieron más de 39 millones de euros tan solo por participar en el Diálogo Social. Una partida presupuestaria que se ha reducido en un 95% según fuentes de la Junta consultadas por OKDIARIO.

Este medio publicó que el pasado mes de junio el Gobierno de Castilla y León consiguió eliminar el 50% de las subvenciones a la patronal y a los sindicatos en Castilla y León, un recorte que supuso 20 millones de euros. Así lo anunció el vicepresidente y procurador de Vox, Juan García-Gallardo, en una rueda de prensa que ofreció junto al consejero de Industria y Empleo, Mariano Veganzones, en la que aseguraron que estas medidas  «sólo son el principio», ya que se anunciarían otras por parte de distintas consejerías del Gobierno autonómico.

Precisamente, en el mes de marzo, Veganzones volvió a anunciar un nuevo recorte a los sindicatos UGT y CCOO de 232.000 euros. «Hemos eliminado otro gasto político ineficaz», dijo.