A título lucrativo

Hay expresiones que trascienden el ámbito jurídico y se convierten en símbolo de una época. A título lucrativo es una de ellas.

Nació como concepto técnico en el derecho: designa a quien se beneficia económicamente de un hecho ilícito sin haber participado necesariamente en su ejecución. Un matiz jurídico preciso, delimitado, casi frío. Sin embargo, en la España actual, la expresión ha abandonado los códigos para instalarse en el debate político como una acusación global, como una etiqueta que resume una forma de ejercer el poder.

Y es ahí donde empieza el problema. Porque cuando una fórmula jurídica se transforma en consigna, deja de ser técnica para convertirse en símbolo. Y hoy a título lucrativo simboliza para muchos españoles la sensación de que el poder ha sido utilizado como instrumento de beneficio.

La expresión resurgió al calor de la polémica sobre los negocios vinculados al entorno familiar de Pedro Sánchez y las acusaciones sobre posibles beneficios indirectos. Más allá de la discusión jurídica concreta -que corresponde a los tribunales- lo que ha quedado en el imaginario colectivo es algo más profundo: la sospecha de que la política ha dejado de ser servicio para convertirse en oportunidad.

No se trata sólo del presidente. El clima de sospecha se extiende a nombres como José Luis Ábalos o Santos Cerdán, investigados en distintas causas judiciales; a los contratos bajo sospecha durante la pandemia; a los rescates empresariales polémicos como el de Air Europa o Plus Ultra; a las relaciones internacionales controvertidas; a la utilización de recursos públicos cuya oportunidad y transparencia han sido cuestionadas.

Se trata también de decisiones que han generado un fuerte debate público: la creación de una cátedra universitaria vinculada a Begoña Gómez; los contactos con dirigentes extranjeros bajo sospecha; el caso de las maletas de Delcy Rodríguez; el papel desempeñado por determinadas figuras políticas en rescates empresariales; la actuación del fiscal general del Estado y las controversias derivadas de sus decisiones, el caso extremo de nepotismo del hermano del Presidente del Gobierno y así sucesivamente.

Podrá discutirse la calificación penal de cada caso. Pero lo que no puede negarse es la acumulación de episodios que erosionan la confianza pública. Y cuando la confianza se erosiona, la política se degrada.

Porque el verdadero problema no es únicamente si alguien actuó o no conforme a derecho. El problema es que el debate público se ha convertido en un intercambio de eslóganes. A título lucrativo ya no es un concepto jurídico: es un arma arrojadiza. Y cuando el lenguaje jurídico se degrada en espectáculo mediático, la justicia pierde precisión y la política pierde dignidad.

La España actual vive atrapada en esa dinámica. Las acusaciones se formulan en términos absolutos. Las defensas se parapetan en tecnicismos. Y mientras tanto, los ciudadanos asisten a una sucesión interminable de escándalos, investigaciones, desmentidos y contraataques.

La degradación del lenguaje es siempre el síntoma previo de la degradación institucional en la que ya estamos profundamente inmersos, con pactos con terroristas y golpistas, en las que también hay un «título lucrativo» económico y de poder mezquino, canalla y traidor.

A título lucrativo debería ser una categoría técnica. Se ha convertido en un retrato moral. Y eso, más allá de la batalla partidista, revela hasta qué punto nuestro sistema político ha dejado de girar en torno al servicio público para orbitar en torno al beneficio, la supervivencia y el poder.

Hasta aquí hemos llegado.

Y si no recuperamos el rigor -en el derecho, en la política y en el lenguaje- lo peor no será la expresión. Lo peor será la normalización de lo que esa expresión simboliza, porque da la sensación de que lo peor está por llegar.