La rocambolesca estafa de 113.000 euros a una mujer en la venta de una finca en Mallorca

Seis hombres se sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial de Baleares al estar acusados de haber estafado 113.000 euros a una mujer mediante la compra fraudulenta de una finca en el municipio de Lloseta, en Mallorca.

Los hechos se remontan a agosto del año 2014, cuando uno de los procesados, un intermediario inmobiliario, contactó con la víctima, cuya casa llevaba años intentando vender. Le ofreció la posibilidad de que dos de sus clientes, un hombre y una mujer, quienes también se enfrentarán al juicio, adquirieran la propiedad.

La mujer acusada de estafa procedió entonces a formalizar un contrato privado de opción de compra por 7.000 euros, acordando un precio total de 120.000 euros, cifra cercana a la tasación realizada por un perito.

Fue en este punto donde se fraguó el engaño. Para abonar los 113.000 euros restantes, los acusados presentaron dos letras de cambio diseñadas de manera que no pudieran ser cobradas. En ambas, la víctima figuraba como librada, es decir, como si fuera ella quien debía pagar por vender su propia finca. En una de las letras no constaba el nombre del supuesto acreedor y, en la otra, aparecía el de la acusada.

Aprovechando la confianza de la vendedora, que seguía creyendo que recibiría el dinero, la acusada formalizó un contrato de compraventa ante notario con otros dos implicados, quienes figuraron como compradores por 20.000 euros, obteniendo un beneficio totalmente ilícito.

La víctima nunca llegó a recibir los 113.000 euros, mientras que la finca quedó inscrita a nombre de los compradores, que posteriormente intentaron venderla por 160.000 y 112.000 euros.

Por todos estos hechos, la Fiscalía solicita un total de cinco años de prisión para cada acusado, además de la devolución del dinero estafado, como presuntos responsables de sendos delitos de estafa.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares iba a celebrara este pasado lunes una vista previa que finalmente ha sido suspendida y pospuesta para el 22 de octubre.

Entonces se volverá a realizar la vista con el objetivo de que todas las partes se hayan puesto de acuerdo y así evitar la celebración del juicio. Aunque la conformidad está cerca, siguen pendientes por aclarar algunos «flecos» relativos a las cantidades que deberán abonar los acusados a la perjudicada, según ha indicado la magistrada este lunes.