Retiradas 40.000 plazas de alquiler vacacional en Mallorca por no tener licencia para esta actividad

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 10/04/2026 13:42
  • Actualizado: 10/04/2026 13:42

Retiradas 40.000 plazas de alquiler vacacional en Mallorca por no tener licencia para esta actividad y que han sido eliminadas del portal de la plataforma Airbnb desde que en septiembre de 2025 (hace año y medio) firmara un acuerdo para hacer frente a la oferta ilegal con el Consell de Mallorca.

Lo ha subrayado el presidente insular, Llorenç Galmés, en la presentación de la Plataforma Inteligente de Destino (PID) este viernes en Palma.

En este sentido, ha puesto en valor la lucha del Consell de Mallorca contra la oferta turística ilegal, con el aumento de inspectores y con el acuerdo con la plataforma de alquiler vacacional.

Precisamente, sobre la lucha contra la oferta turística irregular, el conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, ha destacado que el Departamento de Turismo ha pasado de 20 a 26 inspectores y de tres a 15 tramitadores de expedientes sancionadores.

En declaraciones a los medios tras la presentación de la PID, Ginard ha señalado que el equipo de gobierno se encontró en 2023 con un «déficit brutal» económico y de personal y, sobre todo, «de un desequilibrio muy grande entre parte inspectora y parte sancionadora».

Así, ha señalado que del año 2023 al 2024 aumentó en más de un 300% el número de actas y expedientes en tramitación. «Hay que añadir que había un par de miles de expedientes acumulados que se han ido gestionando de la mejor forma, pero que también es un trabajo pendiente», ha afirmado.

Con todo, Ginard ha hecho un balance positivo de la gestión en esta materia por parte del Consell, destacando que en datos y cifras «hay mejoras cada año», ha concluido el conseller.

A ello hay que sumar que el Consell de Mallorca endureció las multas al alquiler turístico ilegal en 2024, pasando de 40.000 a 80.000 euros por cada inmueble detectado, el doble de lo que se venía haciendo hasta entonces.