El PSOE avala el pelotazo de los 88 pisos sociales de lujo que compró Armengol con un sobrecoste del 40%
Lamenta que la vivienda pública "no sea una prioridad" para el Govern de Prohens que ha remitido el caso a la Fiscalía
Estas son las irregularidades detectadas por Prohens en la operación inmobiliaria de Armengol
El PSOE avala el pelotazo de los 88 pisos sociales de lujo que adquirió, inicialmente, la ex presidenta socialista del Govern, Francina Armengol, con un sobrecoste del 40%. Una operación inmobiliaria tasada en 25,8 millones de euros, tramitada después de las pasadas elecciones autonómicas del 28 de mayo, que el Govern del PP presidido por Marga Prohens ha abortado y remitido a la Fiscalía, al detectar numerosas irregularidades.
Pese a que la adquisición de estos pisos iba a suponer un perjuicio para las arcas públicas de más de 10 millones de euros, con el añadido de que las viviendas no contaban con licencia de primera ocupación, ni cédula de habitabilidad, en un comunicado, los socialistas mantienen la bonanza de la polémica operación, y critican que el actual Ejecutivo la haya paralizado.
En concreto, la diputada socialista Malena Riudavets ha informado este jueves de la batería de preguntas y Proposiciones No de Ley presentadas para que el Ejecutivo balear «pueda dar respuesta a las políticas que ha planteado en materia de vivienda».
Según la dirigente socialista, «no parece que tengan claro que la vivienda debe ser un derecho, no un bien de especulación», lamentando que para el Govern «de la derecha» la vivienda pública «no sea una prioridad», y que «el pacto de retroceso comience la legislatura con un déficit de 88 viviendas públicas que pasan a un fondo buitre».
Riudavets ha recordado que «el Govern de Francina Armengol estableció un plan de fomento de construcción de vivienda pública que permitió entregar las llaves de 1.500 casas por todas las Islas y dejar en construcción decenas de promociones». En realidad Armengol no entregó, en ocho años, ni la tercera parte de las 1.800 VPO que prometió, pero según Riudavets, «la izquierda ha demostrado una voluntad clara de ampliar el parque de vivienda para alquiler».
Entre las iniciativas que pone como ejemplo cita proyectos que en dos legislaturas fue incapaz de poner en marcha el anterior Govern como la urbanización del antiguo cuartel Son Busquets, donde se contemplaba una promoción para Palma de más de 800 pisos que, según Riudavets, «está en fase de estudios técnicos y en manos de un Ministerio que ha expresado que continúa con el trabajo, y que tan solo podría pararse si PP y Vox ponen obstáculos desde el Govern y el Ayuntamiento de Palma», concluyó la diputada socialista.
A falta de que la Fiscalía informe si observa irregularidades en el expediente administrativo remitido por el departamento jurídico del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), hay toda una serie de indicativos cuantos menos polémicos, en esta operación inmobiliaria que se materializó a falta de tres días para el inicio de la sesión de investidura de Prohens (PP) como nueva presidenta de Baleares.
El anterior Govern de Armengol hizo uso del ejercicio del derecho de tanteo y retracto en las transmisiones de inmuebles entre grandes tenedores, regulado en la Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de las Islas Baleares.
Metrovacesa había notificado el 30 de marzo a la Conselleria de Movilidad y Vivienda y al Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) la intención de vender el edificio de nueva construcción en el que se ubican estos 88 pisos de la calle Brotard de Palma en el barrio de Nou Llevant, y el anterior Ejecutivo aceptó en plazo el pago de la cantidad requerida para su adquisición, en concreto, un total de 25.871.323,82 euros, si bien faltaba la última firma para su rúbrica definitiva que, finalmente, fue abortada por el nuevo Govern.
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