Podemos denuncia el desalojo de 150 okupas de un complejo turístico de Ibiza

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 09/12/2021 14:14
  • Actualizado: 09/12/2021 14:29

Unidas Podemos (UP), socios de la presidenta socialista Francina Armengol en el Ejecutivo balear, ha expresado en un comunicado su «repulsa» al desalojo de 150 okupas de un complejo turístico de la localidad ibicenca de Santa Eulària

La formación del vicepresidente del Govern y juez en excedencia, Juan Pedro Yllanes, considera que  la «situación de las familias que ocupan el recinto debe resolverse, principalmente, con la actuación de los servicios sociales del Ayuntamiento y, subsidiariamente, con los tribunales y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y no con actuaciones cercanas a la intimidación por parte de una empresa privada».

Desde ayer, la entidad Desokupa lleva a cabo el proceso de desalojo de los apartamentos residenciales Punta Arabí, en lo que se ha calificado como el operativo de desalojo más grande montado en España.

Según ha explicado a Europa Press el responsable de Desokupa, Daniel Esteve, los inquilinos se habían llevado «bastante dinero» en mobiliario o electrodomésticos, subrayando el dato de que, en algunos apartamentos residían unas 20 familias con menores que no han tenido nada que ver con los «saqueos».

«Se están empezando a recuperar los apartamentos e intentando llegar a acuerdos de reubicación para estas personas que nada tienen que ver con este grupo de okupas», ha insistido Esteve.

Según el portavoz de la entidad, con el control de acceso puesto en marcha hace horas, han parado a «muchísima gente» que habría intentado ocupar una de las viviendas. «Estaba prácticamente todo el complejo perdido».

Una actuación de desalojo que para los socios de Armengol en el Goven «roza la legalidad vigente», anunciando que preguntarán en el próximo pleno por el papel del Consistorio en este asunto y si ha comprobado la legalidad de las actuaciones por parte de la empresa.

Además, la formación morada rechaza las declaraciones formuladas desde el equipo de gobierno municipal, proponiendo incrementos de pena en los casos de ocupación porque, a su juicio, la mayoría de estos casos son protagonizados por familias vulnerables o en exclusión social.

En la misma línea, desde Unidas Podemos apuntan que las cifras de ocupaciones de vivienda habitual o pisos de particulares son «ridículas» y el ordenamiento jurídico tiene «suficientes herramientas» para afrontar estos casos.