Los okupas de la antigua cárcel de Palma acumulaban más de 70 toneladas de basura en el recinto

• Tomas Ibarz
• Jefe Sección Política OKBaleares
• • 11/03/2026 11:55
  • Actualizado: 11/03/2026 12:09

El Ayuntamiento de Palma ha retirado un total de 71,5 toneladas (71.579 kilos) de residuos acumulados en diferentes zonas de la antigua prisión, en el marco de un dispositivo intensivo de limpieza desarrollado durante tres jornadas de trabajo.

Las actuaciones realizadas por Emaya responden a la necesidad de garantizar la seguridad de las personas que actualmente ocupan el recinto, así como de los propios efectivos de emergencia que deben intervenir cada vez que se produce un incidente en el interior del inmueble, los más recientes ocurridos esta misma noche.

Cabe recordar que los diferentes informes municipales elaborados sobre la situación de la antigua prisión reflejan un elevado riesgo de incendio, tanto por la propia configuración del edificio —diseñado para dificultar las evacuaciones— como por el aumento de los fuegos registrados en su interior, muchos de ellos provocados, y por la acumulación de basura en distintas zonas del recinto. Esta situación deriva, además, en graves problemas de insalubridad y falta de higiene.

En las recientes labores de limpieza han participado nueve operarios, apoyados por cuatro camiones de 26 toneladas de capacidad, una retroexcavadora giratoria, una pala mixta de neumáticos y un camión tráiler articulado con plataforma.

A estas labores se suma la instalación, el pasado miércoles, de dos contenedores en el exterior del recinto, tras la petición formulada por algunos residentes de la antigua prisión durante el pleno ordinario del pasado mes de febrero, en el que manifestaron su rechazo a que el Ayuntamiento destinara 90.000 euros a la retirada de los residuos acumulados.

Sin embargo, una semana después de su instalación, los contenedores continúan completamente vacíos, sin que se haya depositado en ellos ningún residuo por parte de los ocupantes.

Llamamiento a la colaboración de las entidades

Ante la protesta convocada este viernes en la antigua prisión contra el desalojo del recinto, así como la denominada «caja de resistencia» promovida por algunas entidades, el Consistorio palmesano vuelve a recordar que la decisión de iniciar el proceso de recuperación posesoria responde exclusivamente a criterios de seguridad y responsabilidad institucional, ante la peligrosidad que supone seguir ocupando el inmueble en las actuales condiciones, tal y como recogen los informes técnicos municipales.

En este sentido, el primer teniente de alcalde, Javier Bonet, ha manifestado, una vez más, que instar a las personas que se encuentran en el interior del recinto a permanecer en él supone ignorar los riesgos reales que existen actualmente. «Animar a estas personas a quedarse en la antigua prisión o promover acciones que deriven en actos incívicos es una tremenda irresponsabilidad», ha incidido Bonet.

Además, en relación a las críticas vertidas por algunas entidades, el teniente de alcalde ha rechazado rotundamente que la actuación municipal responda a criterios de discriminación o criminalización de la pobreza.

«Negamos de forma tajante cualquier intento de presentar esta actuación como una política racista o de criminalización de la pobreza. Nuestra obligación como administración es garantizar la seguridad de las personas que se encuentran en el interior del recinto, así como la de los policías y bomberos que deben intervenir cada vez que se produce un incidente», ha afirmado Bonet.

En este contexto, ha insistido en que la prioridad municipal es proteger la integridad física de los ocupantes y de los trabajadores municipales, ya que «no actuar frente a esta situación supondría una clara dejación de funciones y una irresponsabilidad institucional ante los riesgos que existen». 

Ante este escenario, el Ayuntamiento vuelve a instar a las entidades del tercer sector y a las organizaciones sociales a colaborar con las instituciones para explorar todas las vías posibles que permitan ofrecer soluciones a las personas que actualmente residen en el recinto, en lugar de promover iniciativas que puedan prolongar una situación de riesgo elevado para las mismas o derivar en actos incívicos.

Con este objetivo, el Consistorio habilitó la semana pasada un correo electrónico específico para que las entidades pudieran comunicar los recursos de los que dispongan para facilitar soluciones habitacionales o de acogida, no habiéndose recibido por el momento ninguna propuesta a través de esta vía.

Servicios Sociales y Delegación del Gobierno

Asimismo, se remitió un escrito a todas las entidades integradas en la red EAPN solicitando su colaboración para ofrecer plazas de acogida temporal si disponen de ellas y activar recursos residenciales de emergencia, siendo la respuesta recibida que no disponen actualmente de recursos disponibles.

Paralelamente, el área municipal de Servicios Sociales ha puesto en reiteradas ocasiones a disposición de los residentes los recursos incluidos en la cartera municipal, con el objetivo de ofrecer acompañamiento y apoyo.

En la misma línea de trabajo, y atendiendo al ámbito competencial de esta situación, el Ayuntamiento ha emplazado también en varias ocasiones a la Delegación del Gobierno a habilitar las medidas que estén dentro de sus competencias, teniendo en cuenta que aproximadamente el 65% de los okupas de la vieja cárcel de Palma se encuentran en situación administrativa irregular.

A todo ello se suma la comunicación permanente entre el Ayuntamiento, el Consell de Mallorca y el Govern, en el marco de una colaboración interinstitucional orientada a explorar todas las soluciones posibles dentro del ámbito legal y competencial correspondiente.