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OK del Parlament a la reforma de la ley de capitalidad que permitirá a Palma recibir hasta 60 millones

Los grupos de PP, Vox y PSIB han votado a favor de la toma en consideración de esta norma

El pleno del Parlament ha tomado en consideración el proyecto de ley para modificar la ley de capitalidad de Palma, con la que se duplicará la aportación mínima del resto de administraciones a la capital balear hasta los 60 millones de euros. La ley inicial ha quedado desfasada 20 años después de su aprobación.

Los grupos de PP, Vox y PSIB han votado a favor de la toma en consideración de esta norma, destacando que es una oportunidad para mejorar la financiación, mientras que Més per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos la han rechazado.

Además del aumento de la financiación, la modificación contempla otros elementos de mejora como el refuerzo de la seguridad y la atención a las víctimas de violencia de género o la implementación de videovigilancia.

Durante el debate de la norma, el ‘popular’ Mauricio Rovira ha subrayado que la ley de capitalidad, aprobada en 2006, ha quedado «desfasada» y que la propuesta presentada por Cort es «la más ambiciosa hasta la fecha».

El texto introduce una disposición adicional para que el Ayuntamiento pueda proponer al Govern modificar la legislación urbanística para fijar un porcentaje de vivienda protegida inferior al general o eliminarlo.

No obstante, el PP, según avanzó el portavoz ‘popular’, Sebastià Sagreras, presentará enmiendas para mantener la reserva del 50 por ciento de vivienda de protección oficial y de precio limitado. «Las modificaciones en materia de vivienda, tendrán que adaptarse», ha apuntado Rovira.

Esta disposición adicional ha sido una de las razones por las que Mésper Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos han votado en contra de tramitar la reforma.

El diputado ecosoberanista Ferran Rosa ha puesto en duda que el PP enmiende esta cuestión y garantice que se construye vivienda protegida en todos los urbanizables sin que Palma sea una excepción. «No nos fiamos de ustedes», ha sostenido, poniendo como ejemplo el pacto para mantener la ley de memoria, que finalmente fue derogada.

Igualmente, Rosa ha hecho hincapié en los problemas de Palma que, a su entender, el alcalde no ha mencionado. Además de la vivienda, ha subrayado que la ciudad necesita más institutos públicos o infraestructuras de dependencia.

Tampoco ha confiado en las enmiendas del PP el diputado de Unidas Podemos, José María García, quien ha calificado la posibilidad de eliminar las reservas de vivienda protegida como «una de las medidas de especulación urbanística más salvajes que se han visto en Baleares».

PSOE y Vox, a favor

El PSIB ha votado a favor al considerar, en palabras del diputado Iago Negueruela, que esta ley es una oportunidad para mejorar la financiación y que el Ayuntamiento pueda ser «más eficiente, más dirigente, más ágil y más autónoma».

A su entender, el incremento de la financiación es una oportunidad para mejorar la construcción de vivienda pública, el transporte, el deporte o los servicios a la ciudadanía. Por otro lado, ha rechazado destinar recursos al turismo.

Entre otras, los socialistas presentarán enmiendas para que Palma tenga la capacidad y autonomía para declararse zona tensionada y limitar los precios del alquiler. «Haremos enmiendas en positivo», ha afirmado, agregando que el PSIB tiene la mano tendida para llegar a un consenso.

Sobre esta cuestión, el ‘popular’ ha animado a Negueruela a pensar en otras enmiendas, confirmando que el PP no aceptará que Palma pueda declararse zona tensionada porque es una medida que «no funciona».

Vox también ha apoyado la toma en consideración, subrayando que es «fundamental» actualizar esta ley. El diputado Sergio Rodríguez ha sostenido que el «problema de Palma es la falta de ambición» de los equipos de gobierno.

«Más allá de que, por supuesto, hay que mejorar los servicios básicos y esenciales, el ciclo del agua, la recogida de basuras, la limpieza en general de la ciudad… Hay que empezar a invertir en grandes infraestructuras, en grandes proyectos de ciudad», ha considerado Rodríguez.

Igualmente, ha advertido que hay cuestiones de la ley que su grupo «no ve claras», por ejemplo, la delegación de competencias o el aumento de los servicios vinculados a la violencia de género. «Es la semántica y la obsesión en el tema del género lo que Vox rechaza», ha justificado, agregando que presentarán enmiendas para introducir «matices» al texto.

Rodríguez ha insistido en la cuestión del lenguaje, criticando también que la exposición de motivos hable del «drama de la inmigración irregular» y no de «la catástrofe de la inmigración ilegal». «Hay que dejar de ceder espacios a la izquierda en la terminología», ha añadido.