La oficina para defender el español y las modalidades insulares prevé multas de hasta 100.000 euros

El grupo parlamentario Vox en las Islas Baleares ha registrado esta semana en el Parlament la proposición de ley que permitirá crear y regular el funcionamiento de la denominada Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística, cuya normativa prevé sanciones de entre 10.000 y hasta 100.000 euros, por faltas muy graves. Es la oficina para la defensa tanto del uso del español como de la lengua propia de las Islas.

La nueva ley elaborada por Vox ya se encuentra en trámite parlamentario antes de presentarse en el pleno. Una vez aprobada, se creará este organismo que gestionará Vox y que iniciará su actividad en enero de 2024, tras la aprobación de los presupuestos autonómicos.

Su objetivo: defender la libertad de uso y fomentar la protección tanto del español como de las modalidades lingüísticas de las distintas Islas que, como apuntan desde Vox, «desde hace más de 30 años sufren la aplicación de una normativa catalanista», y «una imposición que dificulta el uso de la lengua cooficial, el castellano».

La medida está contemplada en el acuerdo programático firmado por los ocho diputados de Vox con el PP, que ha posibilitado un gobierno en solitario de Marga Prohens en Baleares, pese a que está a cuatro escaños de la mayoría absoluta (26 de 59 diputados).

El punto 58 prevé la eliminación la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos, creada por el anterior Govern de la socialista Francina Armengol, y que «había servido como instrumento de la exclusión del castellano y de la imposición lingüística durante las legislaturas anteriores», subrayan en Vox.

Entre las infracciones señaladas como muy graves en el nuevo marco legal, figura la vulneración del derecho a la libertad lingüística y de la normativa que lo ampara cuando se aprecie mala fe o intencionalidad y la no entrega de la información que requiera la Oficina en los plazos indicados en la solicitud, cuando derive en un perjuicio muy grave o sea causa de paralización de la investigación o del expediente.

También tendrá esta consideración la remisión de información incompleta o inexacta en los requerimientos de información; la falsedad y la ocultación documental o la manipulación de la información requerida y cualquier tipo de coacción al personal de este organismo, o en contra de los principios de integridad e independencia del mismo, así como la falta de colaboración en la protección del solicitante.

Como apunta la portavoz parlamentaria de Vox, Idoia Ribas, la nueva oficina «ofrecerá un servicio útil a los ciudadanos porque les permitirá emplear la lengua que quieran sin ningún tipo de traba».

El procedimiento sancionador podrá ser incoado de oficio, y como especifica el artículo tres de esta nueva ley que ahora inicia su tramitación parlamentaria, «las administraciones tienen el deber de emplear las dos lenguas oficiales en todas sus comunicaciones, publicaciones y señalética», y «los ciudadanos tienen el derecho de elegir libremente en cuál de las dos lenguas oficiales se dirigen a las administraciones públicas, y obtener respuesta en la lengua empleada».

A diferencia de lo que ha venido pasado durante los pasados ocho años en Baleares donde el monolingüismo catalán se hizo extensible a todo el ámbito público, las personas físicas y jurídicas de naturaleza privada tendrán derecho, una vez que este nuevo marco legal entre en vigor, a «elegir libremente qué lengua oficial emplean en su actividad, sin verse sometidos en ningún caso a ningún tipo de imposición lingüística, directa o indirectamente».