La izquierda exige al alcalde de Palma que no llame okupas a los okupas y deje de criminalizarlos
Insta a no usar el término para referirse a "situaciones de exclusión social"
Considera que contribuye a la "estigmatización de colectivos vulnerables"
La izquierda exige al alcalde de Palma que no llame okupas a los okupas y deje de criminalizarlos. Así lo reclamará la única concejala de Podemos en la capital balear, Lucía Muñoz, en el pleno que se celebrará el 30 de abril.
Todo ello después de que el primer edil del PP de Palma, Jaime Martínez, haya instado en días pasados a la presidenta de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Casa 47), Leire Iglesias, y al delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, en sendas misivas a una actuación inmediata en el recinto del antiguo cuartel de Son Busquets, de titularidad estatal, para desalojar a los okupas allí instalados.
Muñoz, cuya iniciativa todo apunta que será respaldada, como suele suceder, por los dos partidos de izquierdas en la oposición, separatistas de Més y socialistas, rechaza la postura adoptada por el primer edil palmesano y lo acusa de «criminalizar a las personas sin hogar» y por ello «exige al alcalde que deje de utilizar el término okupas para referirse a situaciones de exclusión social».
Para Muñoz, la realidad sobre el terreno evidencia que en este espacio hay personas sin hogar que pernoctan ante la falta de alternativas habitacionales, en algunos casos por motivos de seguridad frente a la vida en la calle.
«Esta situación no se puede analizar únicamente desde una perspectiva de orden público, sino que responde a un problema estructural: la creciente dificultad de acceso a la vivienda en Palma y el incremento de situaciones de exclusión residencial», contra las que nada hizo su partido en los ocho años que estuvo gobernando en el Ayuntamiento de la capital balear en coalición con sus dos socios hoy en la oposición.
Por ello, la concejala de Podemos, defensora a ultranza de cualquier iniciativa del movimiento okupa, considera que en este contexto, «resulta improcedente el uso de terminología que pueda contribuir a la estigmatización de colectivos vulnerables, desviando el foco del verdadero problema: la falta de políticas públicas eficaces en materia de vivienda».
Llama la atención que Muñoz no inste en su iniciativa al Gobierno de Pedro Sánchez a edificar las 831 VPO allí previstas, sino que en su moción se limita a afirmar que le «preocupa que espacios de titularidad pública como Son Busquets permanezcan sin uso efectivo durante años, mientras existen necesidades habitacionales no cubiertas».
Sin embargo, la realidad es que tres años después de firmarse el protocolo entre el Estado y Defensa para transformar el antiguo cuartel de Son Busquets, propiedad del Estado, en un nuevo barrio, con más de 800 viviendas asequibles, el proyecto sigue paralizado por la pasividad del Gobierno socialista, pese a la urgencia municipal en concretar la mayor promoción de vivienda social prevista.
Ni la tramitación del avance del plan, ni las reuniones con el Ayuntamiento han desembocado en obras visibles, dejando el enorme solar vacío y en desuso mientras crece la presión política y vecinal por la necesidad de incrementar el parque de viviendas en Palma, pero el enorme solar de más de 110.000 metros cuadrados sigue sin grúas ni movimientos de tierra.
A ello hay que unir el hecho de que la tensión vecinal ha estallado en la zona por la parálisis del Gobierno de Pedro Sánchez en urbanizar este espacio y permitir, además, que se conviertan estas abandonadas instalaciones cuarteleras en un foco creciente de inseguridad constante, con la presencia de okupas en su interior.
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