El juez pide la intervención de Anticorrupción en el caso que salpica al vicepresidente balear Yllanes

• Miquel Ángel Font @mafontvilla3
• Corresponsal político en OKDIARIO Baleares. Antes, redactor jefe de EL MUNDO/ El Día de Baleares.
• • 18/11/2022 06:56
  • Actualizado: 18/11/2022 07:59

El Juzgado de Instrucción número 1 de Palma ha emitido una providencia por la que solicita la intervención de la Fiscalía Anticorrupción en el denominado caso Varadero que salpica al vicepresidente del Govern balear, el ex juez de Podemos Juan Pedro Yllanes. El juez entiende que al haber cargos del Govern imputados el caso debe ser informado por la Fiscalía Anticorrupción.

El juez ha emitido esta providencia días después de que el vicepresidente Yllanes declarara en rueda de prensas que el caso Varadero «no existe» y que bajo ningún concepto aceptaba que se dijera que él está afectado por la supuesta trama de corrupción de la que viene informando OKDIARIO.

En esta causa, de momento están imputados dos cargos de la Conselleria de Sectores Productivos que preside el vicepresidente Yllanes. Son el director general de Industria, Antonio Morro Gomila, y la directora de los Servicios Jurídicos, Teresa Relea. Los dos están investigados por un delito de falsificación de documento público y deben comparecer ante el juez a finales de este mismo mes de noviembre. La defensa de los dos imputados de este caso que ahora debe investigar la Fiscalía Anticorrupción la asumirá el Govern por decisión de Yllanes.

Lo que se investiga es si los dos cargos de la Conselleria de Yllanes participaron en la falsificación de un documento público con la finalidad de favorecer a determinadas empresas del sector náutico afines al pacto de izquierdas que gobierna en Baleares en detrimento de otras. Para seguir la instrucción del caso que afecta a la Conselleria de Yllanes, el juez espera el informe de la Fiscalía Anticorrupción .

Una de las empresas más afectadas por esta falsificación es el Grupo Fabkina, que pese a su liderazgo en el sector náutico, en lo que se refiere al mantenimiento, pintado y reparación de yates, no puede trabajar en el Puerto de Palma debido a las decisiones del Govern que considera «injustas y fuera de la legalidad».  Fabkina, que en el caso Varadero actúa como parte querellante, puede desarrollar su labor sin ningún impedimento en los principales puertos de la península y de Europa pero no en Palma.

El denominado caso Varadero desvelado por OKDIARIO fue denunciado en el Juzgado de Instrucción número 1 por la empresa puntera del sector náutico Grupo Fabkina. Denunció concretamente supuestos delitos de prevaricación y  falsificación de documento público. La supuesta prevaricación se basa en el archivo sin justificar de los expedientes que el propio Govern había abierto a una serie de empresas del sector náutico que trabajan en el Puerto de Palma por incumplimiento grave de la normativa sobre seguridad industrial y protección del medio ambiente.

El supuesto delito de falsificación de documento público se refiere a la resolución firmada por la Conselleria de Yllanes el 29 de julio de 2020 por la que se archivan los expedientes antes mencionados.

La letrada Teresa Relea firmó el informe jurídico que posibilitó el archivo de los expedientes contra las empresas denunciadas por infracciones graves contra la seguridad industrial y la protección del medio ambiente.

La querella

Los hechos se remontan al 9 de septiembre de 2020 cuando el juez inició la instrucción por la no tramitación de los expedientes sancionadores y solicitó a la Conselleria de Yllanes que le remitiera toda la documentación sobre el caso. Un día después el Govern sacó a relucir la resolución amparada por el informe jurídico firmado por Relea por la que se indica que ya no hay expedientes para tramitar, que los mismos se habían archivado y  que, por tanto, no hay nada que investigar judicialmente.

El truco estuvo en crear el documento del archivo de expedientes un día después de que el juez solicitara toda la documentación y firmarlo poniendo la fecha 29 de julio.

La maniobra de la Conselleria de Yllanes fue hacer desaparecer los expedientes mediante un resolución por la que se resolvía que no había infracciones. Sin expedientes, ya no hay sanciones, que hubieran sido muy elevadas en aplicación de la normativa.

Si ya no hay expedientes, ya no hay investigación judicial por la no tramitación de los expedientes y en consecuencia se archiva el caso. El problema surge cuando el denunciante, el Grupo Fabkina, recurre el archivo judicial y la Audiencia de Baleares ordena al Juzgado proseguir con la causa.