Interceptados en Palma minicalabacines importados de Sudáfrica sin número de lote ni fecha de caducidad
El mayorista puede ser sancionado con multas de entre 3.000 y 15.000 euros
La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha inmovilizado una partida de minicalabacines procedentes de Sudáfrica en la inspección a un mayorista de distribución de frutas y hortalizas, por no presentar el número de lote, ni indicar la fecha de caducidad o de consumo preferente.
Se trata de una información «obligatoria» para garantizar la correcta trazabilidad de los alimentos y la seguridad en la comercialización, según ha indicado la Conselleria en un comunicado.
En este sentido, el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, ha destacado que los controles que se llevan a cabo de manera periódica tienen como objetivo «verificar que todos los productos agroalimentarios que se comercializan en Baleares cumplen la normativa vigente, especialmente en el caso de los que proceden de países terceros».
Llabrés ha subrayado que estas actuaciones responden también a la demanda del sector de «reforzar la vigilancia» sobre los productos importados, con el fin de verificar que «cumplen todos los requisitos comunitarios y evitar posibles situaciones de competencia desleal».
Estos controles forman parte de las actuaciones de inspección que la Conselleria lleva a cabo durante todo el año para proteger los intereses legítimos del sector agroalimentario y de los consumidores, así como para asegurar que se cumple la normativa en materia de calidad alimentaria y etiquetado.
Cabe recordar que la normativa vigente establece la obligación de que los alimentos comercializados incorporen la información necesaria para garantizar su trazabilidad, como el número de lote y otras indicaciones obligatorias para informar al consumidor, como las fechas de caducidad o de consumo preferente.
El incumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar a la apertura de expedientes sancionadores. En el caso de infracciones graves, las sanciones pueden ir desde los 3.000 hasta los 15.000 euros o hasta cinco veces el valor del producto.
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