Hartazgo de la Policía y los vecinos por los radicales de izquierda acampados en Plaza España de Palma

La Plaza de España de Palma lleva demasiado tiempo siendo escenario de una situación que está poniendo a prueba la paciencia de los vecinos, comerciantes y, especialmente, de los agentes de la Policía Local de Palma que tienen encomendado el servicio permanente de vigilancia en este enclave de la ciudad.

Lo que comenzó como una concentración reivindicativa en defensa del derecho a la vivienda ha terminado convirtiéndose en una ocupación prolongada del espacio público, acompañada de episodios de tensión, conflictos y comportamientos que están deteriorando la convivencia y generando un creciente malestar. Todo ello, protagonizado por radicales violentos de izquierda.

Defender el derecho a una vivienda digna es perfectamente legítimo. Lo que no puede considerarse legítimo es que, bajo el amparo de una reivindicación social, se pretenda justificar cualquier comportamiento, cualquier ocupación o cualquier falta de respeto hacia los demás. Pero existe una realidad que merece ser contada y que parece haber quedado relegada a un segundo plano: la situación que están viviendo los policías locales destinados permanentemente a este servicio.

Agentes que llevan meses realizando una presencia policial continuada, las 24 horas del día, y que se ven obligados a desarrollar su trabajo en un ambiente de tensión que va mucho más allá de las exigencias habituales de cualquier servicio policial. No hablamos únicamente de tener que vigilar una concentración o garantizar la seguridad de quienes participan en ella. Hablamos de tener que soportar diariamente desprecios, comentarios despectivos, provocaciones, insultos, actitudes de menosprecio hacia su condición profesional y carteles y mensajes que ridiculizan o desacreditan a los propios agentes que tienen delante.

A ello se suman episodios de utilización de altavoces a un volumen elevado, provocaciones constantes y comportamientos que dificultan el normal desarrollo del servicio. Incluso se han producido daños en vehículos policiales mediante pintadas.

El episodio del pasado 27 de octubre constituye un ejemplo especialmente preocupante. Un joven fue detenido por presuntas amenazas de muerte a agentes de la Policía Local y por realizar pintadas con spray en un vehículo patrulla. Los hechos se produjeron después de que los agentes solicitaran que se redujera el volumen de un programa de radio emitido mediante altavoces por los acampados.

Y aquí aparece una circunstancia especialmente preocupante: la frustración profesional que genera en los policías tener que permanecer día tras día en un escenario de estas características, soportando provocaciones y comportamientos hostiles, mientras perciben que su capacidad de intervención y de resolución de los problemas está condicionada por una situación administrativa que parece no tener solución.

Porque también hay que hablar de la impotencia que sienten los profesionales cuando observan cómo determinadas conductas se repiten, cómo se producen provocaciones y cómo se menosprecia públicamente su labor, sin que exista una respuesta institucional clara que permita normalizar definitivamente la situación.

Un policía no deja de ser una persona por vestir un uniforme. Tiene dignidad, sentimientos, familia y derecho a desarrollar su trabajo sin tener que soportar permanentemente humillaciones o actitudes intimidatorias. La autoridad policial no puede convertirse en objeto de burla, desprecio o provocación sistemática. Y mucho menos puede normalizarse que quienes tienen encomendada la protección de los derechos y libertades de todos sean precisamente quienes tengan que soportar situaciones de menosprecio mientras cumplen con su obligación.

La frustración es todavía mayor cuando los agentes comprueban que, pese a los incidentes y a las reiteradas situaciones de tensión, el escenario continúa prácticamente igual. Se les exige presencia, vigilancia y contención, pero no se percibe una respuesta institucional capaz de poner fin a un problema que se prolonga en el tiempo.

No se puede exigir a la Policía Local que garantice permanentemente la convivencia en un espacio público mientras las administraciones responsables permanecen instaladas en la comodidad de la inacción. Existe además una circunstancia que incrementa todavía más la frustración de los agentes: tener que intervenir para proteger y garantizar la seguridad de los propios acampados cada vez que se producen enfrentamientos, altercados o conflictos con otros grupos o personas.

Es decir, los mismos policías que diariamente tienen que soportar desprecios, insultos, provocaciones, mensajes y carteles de contenido claramente antipolicial, y que son objeto de menosprecio por parte de algunos de los participantes, son también quienes deben acudir cuando surge un problema para garantizar su integridad física y evitar que sean agredidos.

Una paradoja difícil de digerir desde el punto de vista profesional y humano. Agentes que, pese a las provocaciones y a la hostilidad que puedan recibir, tienen la obligación de actuar con absoluta profesionalidad, proteger a las personas y garantizar sus derechos, independientemente de su ideología, de sus planteamientos antisistema o de la opinión que manifiesten sobre la Policía.

Y así debe ser. Porque esa es precisamente la diferencia entre actuar desde la responsabilidad de un servicio público y hacerlo desde el enfrentamiento ideológico. Pero que los policías tengan la obligación profesional de proteger a todo el mundo no significa que deban aceptar como algo normal el desprecio permanente hacia su trabajo, su uniforme y su autoridad.

La profesionalidad de los agentes no puede confundirse con resignación, ni su obligación de garantizar los derechos de todos puede interpretarse como una invitación a soportar cualquier humillación. Resulta especialmente frustrante tener que ofrecer protección a quienes, en otros momentos, convierten a esos mismos profesionales en objeto de sus críticas, provocaciones y descalificaciones. Y todavía más cuando esa dinámica se prolonga durante meses, sin una solución institucional que permita recuperar la normalidad.

La Policía protege también a quienes no respetan a la Policía. Esa es su obligación. Pero las administraciones tienen otra obligación igualmente importante: proteger a quienes nos protegen. Es una auténtica vergüenza que la Delegación del Gobierno no atienda las peticiones realizadas por el alcalde de la ciudad, Jaime Martínez, de desalojar a los radicales acampados.

El problema no afecta exclusivamente a los policías. También afecta a los vecinos, a los comerciantes y a los miles de ciudadanos que utilizan diariamente la Plaza de España, un espacio público que pertenece a todos y cuyo uso no puede quedar condicionado indefinidamente por la decisión de un colectivo de instalarse en él.

Los vecinos tienen derecho a descansar, los comerciantes a desarrollar su actividad con normalidad y los ciudadanos a disfrutar de una plaza que constituye uno de los espacios más transitados y representativos de Palma. Sin embargo, parece que sus derechos han quedado relegados frente a una situación que se prolonga sin una solución definitiva.

Mantener una ocupación prolongada de un espacio público no puede convertirse en una situación de normalidad por el simple transcurso del tiempo. La convivencia exige límites, respeto mutuo y responsabilidad. Quizá lo más preocupante de todo sea la respuesta institucional.

El Ayuntamiento de Palma solicitó a la Delegación del Gobierno que interviniera ante la ocupación. La respuesta de esta última fue que la acampada estaba amparada por el derecho de reunión, que tenía carácter transitorio y que no alteraba el orden público. Una interpretación que merece, como mínimo, una profunda reflexión a la vista de los acontecimientos posteriores.

¿De verdad puede considerarse que una situación permanece inalterada cuando se suceden conflictos, amenazas a policías, daños en vehículos oficiales y problemas de convivencia? ¿Dónde está el límite? ¿Qué tendría que suceder para que las administraciones considerasen que ha llegado el momento de adoptar medidas? ¿Hasta cuándo debe mantenerse un dispositivo policial permanente para garantizar la convivencia en un espacio público cuya ocupación sigue generando controversia?

El derecho de reunión y manifestación es un derecho fundamental que debe protegerse. Pero no constituye una autorización ilimitada para ocupar indefinidamente un espacio público ni ampara amenazas, daños, intimidaciones o conductas que puedan vulnerar los derechos de otras personas.

Y hay otra cuestión que tampoco debería pasar desapercibida: el principio de igualdad en la aplicación de las normas. Cualquier ciudadano, asociación o colectivo que pretende ocupar una parte de la vía pública para desarrollar una actividad debe someterse a los procedimientos, autorizaciones y condiciones que correspondan. No parece razonable que la duración, las condiciones o las consecuencias de una ocupación dependan exclusivamente de quién la protagoniza o de la reivindicación que defiende.

¿Se aplicaría el mismo criterio a cualquier otro ciudadano que decidiera instalar tiendas de campaña durante semanas en una de las principales plazas de Palma? ¿Se toleraría la misma situación, con idénticas circunstancias, si los protagonistas fueran otros colectivos y defendieran reivindicaciones diferentes?

Son preguntas legítimas que merecen respuestas. No podemos acostumbrarnos a que los agentes de Policía sean tratados como elementos decorativos de un conflicto que no han provocado y cuya solución no depende de ellos. No se puede pedir a unos profesionales que permanezcan durante jornadas y turnos sucesivos en un entorno de provocación, desprecio y tensión, mientras se les exige que mantengan permanentemente la contención y la profesionalidad, sin que al mismo tiempo se les proporcione una respuesta institucional que proteja su dignidad y facilite el cumplimiento de sus funciones.

Tampoco podemos olvidar el coste operativo que supone mantener durante meses un dispositivo policial permanente en un mismo emplazamiento. Recursos humanos y materiales que podrían estar desarrollando otras funciones de seguridad ciudadana en distintos barrios de Palma y atendiendo las necesidades del conjunto de la población.

La Policía Local no puede convertirse en espectadora permanente de un conflicto que las administraciones no terminan de resolver. Sus agentes merecen respeto, respaldo institucional y unas condiciones de trabajo compatibles con la dignidad profesional que exige su función.

Los vecinos merecen recuperar la normalidad. Los comerciantes merecen desarrollar su actividad sin temor a nuevos incidentes. Y los ciudadanos merecen disfrutar de sus espacios públicos. La reivindicación social no puede convertirse en un cheque en blanco. Y el respeto a los derechos fundamentales no puede utilizarse como argumento para mirar hacia otro lado ante comportamientos que puedan vulnerar los derechos de terceros.

La Plaza de España de Palma no es propiedad de ningún colectivo, de ninguna organización ni de ninguna reivindicación. Es de todos los ciudadanos de Palma. Y garantizar que siga siendo así no es una opción ni una cuestión ideológica. Es una responsabilidad de las administraciones públicas.

Porque el hartazgo de los policías, el malestar de los vecinos y la sensación de abandono institucional no pueden seguir formando parte del paisaje cotidiano de una de las principales plazas de nuestra ciudad.

La Policía protege también a quienes no respetan a la Policía. Pero la Policía también merece protección, respeto y respaldo institucional. Y los ciudadanos de Palma merecen recuperar su plaza.