El alcalde de Palma exige al delegado del Gobierno que retire la acampada ilegal de Plaza España tras una denuncia por acoso sexual

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, exige al delegado socialista del Gobierno, Alfonso Rodríguez, que retire la acampada ilegal de Plaza España tras una denuncia por acoso sexual del colectivo feminista, queer, anticapitalista y antifascista Flama, que ha anunciado que por ello abandona y se desmarca de esta iniciativa de la ultraizquierda.

Ante las graves denuncias hechas públicas por el colectivo, el primer edil del PP ha exigido nuevamente al delegado que actúe de manera inmediata y adopte las medidas que correspondan.

El Ayuntamiento considera extremadamente graves las acusaciones realizadas públicamente por el colectivo a través de redes sociales, donde denuncia la existencia de «comportamientos y actitudes sexistas, así como situaciones de acoso sexual» en el entorno de la acampada, y advierte también de la presencia de menores de edad en este espacio.

Se trata de denuncias que, por su gravedad, hacen todavía más necesario que la Delegación del Gobierno deje de mirar hacia otro lado, asuma sus responsabilidades y actúe de forma inmediata ante una situación que requiere una respuesta por parte de la Administración competente.

Jaime Martínez ya reclamó a la Delegación del Gobierno que procediera al desalojo de la acampada de Plaza de España y pusiera fin a una situación que afecta al uso normal de este enclave, un espacio público utilizado diariamente por miles de ciudadanos y en el que los servicios municipales llevan más de una semana sin poder desarrollar con normalidad las tareas de limpieza, mantenimiento y conservación.

En concreto, se señaló que el derecho fundamental de reunión posee una naturaleza esencialmente temporal, vinculada a una convocatoria concreta y limitada en el tiempo. Por ello, una vez celebrada la concentración comunicada para los días 28 y 29 de septiembre de 2026, la situación actualmente existente en la Plaza de España no parece encuadrarse en el ámbito propio de dicha convocatoria.

Días después de esta solicitud formulada por el Consistorio, las nuevas denuncias hechas públicas por el colectivo evidencian todavía más la necesidad de que se adopten medidas por parte de Delegación y se actúe de manera inmediata y contundente en este espacio.

El Consistorio reitera que respeta plenamente el derecho de reunión y manifestación, pero recuerda que el ejercicio de este derecho debe desarrollarse de acuerdo con la normativa vigente y con todas las garantías de seguridad, convivencia y protección de las personas.

Ante unas acusaciones de «acoso sexual» resulta imprescindible que la Administración competente actúe en consecuencia, teniendo también especialmente en cuenta la advertencia sobre la presencia de menores en el entorno de la acampada.

Por todo ello, el Consistorio exige nuevamente a la Delegación del Gobierno que actúe, sin más excusas ni demoras, y adopte las medidas necesarias para garantizar la seguridad, la protección y la integridad de todas las personas que se encuentran en este espacio público.