El Govern de Armengol no dará ningún piso a las 29 familias de Ibiza que desahuciará antes de Navidad
El conseller Marí Ribas no les da alternativas, después de tramitar el desalojo del edificio cuando era alcalde de Sant Josep
Sólo les ha prometido que en 2022 podría habilitar una partida de 200.000 euros para ayudas al alquiler
El Govern de Armengol deja en la calle a 29 familias antes de Navidad: «Nos han destrozado la vida»
El Govern balear liderado por la socialista Francina Armengol no ha ofrecido ni tiene previsto ceder ningún piso a las 29 familias de Sant Josep (Ibiza) que van a ser desahuciadas antes de Navidad, a instancias del conseller de Vivienda, el también socialista Josep Marí Ribas.
Este alto cargo declaró de forma unilateral en febrero de 2020, siendo alcalde de esta localidad ibicenca, que los apartamentos don Pepe estaban en ruinas, ante la sorpresa de los residentes, quienes rechazan esta decisión adoptada por el Ayuntamiento de Sant Josep.
La única ayuda que el Govern de Armengol ha prometido de palabra ante la plataforma de afectados es la de habilitar para el próximo ejercicio presupuestario, no para el actual ya agotado, una partida de 200.000 euros para ayudas al alquiler.
Por tanto, el Ejecutivo autonómico no tiene prevista ninguna solución habitacional para estas desesperadas familias, que verán cómo el próximo 17 de diciembre tendrán que dejar sus pisos construidos en 1964. Unas viviendas en aparente buen estado, a tenor de las instantáneas de los residentes y como confirman dos informes técnicos remitidos al juzgado por parte de los afectados.
Llama la atención que el Consell de Ibiza en manos del PP, con Vicent Marí al frente, vaya a destinar más del doble de presupuesto a los afectados que la propia administración autonómica gobernada por la coalición de socialistas, nacionalistas y populistas de Podemos. En concreto, un total de 500.000 euros que las familias podrán destinar al pago del alquiler de las viviendas en las que vayan a decidir residir, una vez que se culmine su desahucio, o a cubrir las carencias y necesidades que se les presenten en esta desesperada situación, incluyendo la ayuda psicológica que precisen.
La única prestación social inminente que recibirán estas familias desahuciadas procede del Ayuntamiento que les desaloja, que se ha comprometido a hacerse cargo de su estancia, durante un periodo de dos meses, en un complejo residencial. Pasado ese tiempo, los afectados tendrán que buscar otras alternativas para mantener su residencia en una isla como Ibiza, donde el alto precio de los alquileres hace del acceso a la vivienda un lujo para los residentes.
A medio plazo, el Consell Insular de Ibiza ha puesto también a disposición del Govern balear el único solar disponible que tiene en el paseo marítimo de la capital ibicenca para la construcción de un edificio destinado a acoger a estas familias. Una cesión de un terreno de 1.000 metros cuadrados donde el Ejecutivo de Armengol tendría que tramitar su urbanización, aún no prevista, ni presupuestada.
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