El Gobierno de PP y Vox en Mallorca impide ser bombero a 7 de los 11 opositores por no saber catalán

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 11/07/2024 06:48
  • Actualizado: 12/07/2024 01:03

El Gobierno de coalición de PP y Vox en el Consell de Mallorca  ha excluido a siete de los 11 aspirantes a trabajar como bombero por suspender el examen del nivel avanzado de catalán B2, requerido en este concurso oposición recién concluido. Cabe recordar que PP y Vox firmaron hace un año un acuerdo en el que se estipulaba que el desconocimiento del catalán no penalizaría en el acceso a la Función Pública.

En concreto, se trata de una convocatoria de promoción interna del área operativa del Servicio de Bomberos del Consell de Mallorca, de las categorías de bombero–conductor, publicada por el departamento de Hacienda y Función Pública que dirige el conseller ejecutivo del PP, Rafel Bosch.

Se trata de una oposición para el incremento de un insuficiente número de en torno a 220 efectivos de seguridad y extinción de incendios repartidos en ocho parques que dan cobertura a los 52 pueblos de Mallorca, excepto Palma que cuenta con un Cuerpo de Bomberos propio.

Pese a estas carencias, el gobierno insular presidido por Llorenç Galmés, aprobó el pasado mes de mayo esta convocatoria donde se exigía como requisito tener el nivel B2 de catalán, otorgado en Baleares a los alumnos que logran el título de Bachillerato.

Ya en las mismas bases de la convocatoria se advertía a los aspirantes que, en caso de que el opositor declarase que no está en posesión de esa titulación, tendría que realizar y superar con la calificación de apto un ejercicio sobre conocimiento de la lengua catalana correspondiente a ese nivel de dominio hablado y escrito.

Porque más allá de sus aptitudes físicas, psíquicas e intelectuales para ser bombero, «la calificación de no apto en esta prueba o la no comparecencia del aspirante para realizarla, comporta la exclusión del proceso».

De hecho, otros dos opositores ni tan siquiera se presentaron a esta prueba  de catalán y quedaron excluidos.

Para realizar y evaluar la prueba de lengua catalana, se nombró una comisión técnica integrada por un presidente, un vocal y un secretario propuestos por el Servicio de Normalización Lingüística.

Llama la atención que el Consell permitiera que todos los opositores pudieran elegir hacer el ejercicio tipo test de 125 preguntas sobre el temario oficial en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la comunidad autónoma, e impusiera después el catalán como requisito obligatorio, pese a tener el español la misma oficialidad que esta lengua.

Además, acreditar un nivel superior de catalán (2 puntos, C1) se puntuaba cuatro veces más en el concurso de méritos, que los servicios prestados en la categoría de cabo de bomberos del Consell de Mallorca: 0,40 puntos por mes completo de trabajo.

Aunque el acuerdo de gobierno de PP y Vox recoge en el punto 111 el compromiso de ambos partidos de modificar las normas que supongan una imposición lingüística, asumiendo que en la comunidad existen dos lenguas oficiales, en la práctica nada se ha hecho un año después del cambio de gobierno.

De hecho, para las bases de esta convocatoria, el Gobierno insular ha tomado como referente lo acordado por el anterior Ejecutivo balear de coalición de socialistas, independentistas de Més y Podemos liderado por Francina Armengol, que impuso el requisito del catalán en el acceso a cualquier plaza de empleado público en toda Baleares.

En concreto, se acoge al artículo 3 b) del Decreto 11/2017, de 24 de marzo, de exigencia del conocimiento de la lengua catalana en los procedimientos selectivos de acceso a la función pública y para desempeñar puestos de trabajo de la Administración de la Comunidad de las Islas Baleares que el nuevo gobierno insular mantiene vigente.

También se incumple un año después del cambio de gobierno, el compromiso 112 del acuerdo de PP-Vox, de «modificar el actual Reglamento de Usos Lingüísticos con el fin de garantizar que los ciudadanos puedan dirigirse y ser atendidos en cualquiera de las dos lenguas oficiales».