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El descaro del PSOE balear: exige al Parlament respaldar el pucherazo electoral de la Ley de Nietos y critica que el Supremo no lo haya permitido

Los socialistas rechazan “cualquier discurso que ponga bajo sospecha” la tramposa instrucción de Sofía Puente

Lamentan que el Supremo haya adoptado medidas para la suspensión del voto ante las evidencias del fraude

  • Indalecio Ribelles
  • Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.

El descaro del PSOE balear: exige al Parlament respaldar el pucherazo electoral de la Ley de Nietos, nombre popular que recibe la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática. 

Es decir, la alteración del censo electoral con fines electoralistas, extendiendo el voto por la puerta de atrás con la nacionalización de descendientes de emigrantes económicos del siglo XIX, sin relación alguna, como es lógico, con la Guerra Civil y el franquismo. Todo ello gracias a la trampa cometida en la instrucción por la socialista Sofía Puente, siendo directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública en el Ministerio de Justicia, en el punto de mira de la Justicia por un posible delito de prevaricación.

Pese a las numerosas ilegalidades cometidas por el Gobierno con este marco legal con el fin de dar un pucherazo electoral el 29N, los socialistas de Baleares, lejos de callar, dan un paso adelante y han presentado una moción en la que exigen a la Cámara balear que «reconozca y ponga en valor los avances logrados por el Gobierno socialista con la Ley de Nietos», que califican de «instrumento de justicia histórica, reparación democrática y restitución de derechos».

Pese a que hasta el Supremo ha advertido que existe un «riesgo» de que se constituya irregularmente un censo de electores sin las exigencias de exactitud, veracidad, igualdad, objetividad y transparencia que exige la celebración de un proceso electoral en una democracia parlamentaria representativa como es la española y, finalmente, ha ordenado que se excluyan a los 163.355 nacionalizados de la Ley de Nietos que no pueden votar, los socialistas de Baleares rechazan «cualquier discurso que ponga bajo sospecha la legitimidad de la nacionalidad española adquirida en el marco de la Ley de Memoria Democrática».

Es decir, no entran ni a valorar la legalidad o ilegalidad de la instrucción claramente irregular realizada por Puente, sino que exigen que continúe la tramitación del pucherazo electoral, «dando continuidad a los mecanismos de reconocimiento de la nacionalidad española previstos en la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, avanzando hacia un mecanismo permanente de reparación y garantizando la resolución de los expedientes pendientes».

Por ello, lamentan que los recursos promovidos por Vox ante el Tribunal Supremo hayan dado lugar a la adopción de medidas cautelares que afectan a los derechos electorales de determinadas personas inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

Estas actuaciones, para el portavoz parlamentario de la formación Iago Negueruela,  «evidencian la pretensión política de Vox de limitar los derechos de ciudadanía y de establecer categorías diferenciadas de ciudadanos en función de la vía legal mediante la que han adquirido la nacionalidad española». De nuevo, por tanto, los socialistas de las islas, cada vez más echados al monte con la aún secretaria general y candidata al Congreso, Francina Armengol al frente, vuelven a dejar claro que es su voluntad, y no la legalidad o ilegalidad de una medida, lo que debe imperar.