El Constitucional analiza esta semana la Ley de Educación de Armengol que erradica el español

El Tribunal Constitucional (TC) estudiará en su Pleno de esta semana el recurso de Vox contra la Ley 1/2022, de 8 de marzo, de educación de Baleares, cuya ponencia ha correspondido a Inmaculada Montalbán. En su recurso, Vox señala como inconstitucionales los artículos que fijan como «principios generales» del sistema educativo balear «la construcción de un sistema plurilingüe que tenga como eje vertebrador la lengua catalana». 

Vox también recurre los artículos que hacen referencia a «la coeducación, la igualdad real entre hombres y mujeres, el respeto a la diversidad sexual, la identidad y la expresión de género y la prevención de la violencia machista».

El 22 de febrero el pleno del Parlament aprobó la polémica primera Ley de Educación de Baleares del Govern de la socialista, Francina Armengol, que erradica el castellano de las aulas. La ley se aprobó sin el consenso de la oposición en cuestiones como el modelo lingüístico. Esta ley especifica que la lengua vehicular de enseñanza en Baleares es el catalán y le quita esta condición al español a pesar de ser lengua oficial en la Comunidad Autónoma.

El texto blinda el conocido como Decreto de Mínimos, que establece un mínimo del 50% de horas lectivas en catalán y la autonomía de los centros para decidir el resto, logrando con ello alcanzar el 100% en catalán.

El recurso ante el Tribunal Constitucional fue presentado el día 1 de este mes por los 52 diputados de Vox en el Congreso de los Diputados.

Según esta formación, la Ley de Educación de Baleares además de discriminar lingüísticamente, pone en riesgo el sistema educativo por no proporcionar una enseñanza de calidad que evite las desigualdades, no respeta los derechos fundamentales, ni garantiza la inclusión educativa de todo el alumnado de las Islas.

Según explicó la vicesecretaria nacional jurídica de Vox, Marta Castro, el Govern que preside la socialista Francina Armengol «aprovecha la imprecisión del término inclusión para implantar un inconstitucional adoctrinamiento ideológico y para privar al castellano de su condición de lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza».

Vox también se ha referido a los artículos que vulneran el contenido primario de libertad de la enseñanza (artículo 27.2 Constitución) y el derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación conforme a sus convicciones para elegir centro y tipo de formación.

Además, según Vox, dicha ley «persigue que el alumnado con necesidades educativas especiales pase a integrarse en centros educativos ordinarios y tiendan a desaparecer los centros de educación especial. Al igual que sucede con la ideología de género y la educación afectivo-sexual que se incorporan a la ley, no como transmisión de conocimientos desde la neutralidad exigible a la comunidad autónoma, sino como una postura ideológica sobre la cual va a ser evaluado el alumno».

El portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en Baleares, el diputado Jorge Campos, ha recordado que «es la primera vez en la historia de Baleares que se recurre una ley autonómica al Constitucional por vulnerar derechos fundamentales. Y es la primera vez que lo hace Vox. Abrimos el camino a otras comunidades autónomas para que hagan lo mismo».

Por todo ello, Vox solicita que se dicte sentencia para declarar la inconstitucionalidad en varios artículos que recoge la Ley 1/2022 y que suponen un riesgo para la igualdad de oportunidades, inclusión educativa y vulneración de derechos fundamentales en el marco de la enseñanza pública de Baleares.