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MALLORCA

El Ayuntamiento de Palma inicia el proceso judicial para desalojar a los 80 okupas que siguen en la antigua prisión

La decisión se adopta tras la finalización del último plazo de abandono voluntario

  • Mar del Valle
  • Portadista, editora y redactora de OKBaleares. Antes, periodista en EL MUNDO Baleares durante 19 años.

El Ayuntamiento de Palma inicia el proceso judicial para desalojar a los 80 okupas que todavía siguen en la antigua prisión. La junta de gobierno ha aprobado este miércoles solicitar la correspondiente autorización judicial de entrada para proceder a la ejecución forzosa del desalojo de los módulos.

El consistorio explica que la decisión se adopta una vez concluido el último plazo de abandono voluntario y después de que la Policía Local haya constatado que el total de personas que permanecen en el interior de las instalaciones es aproximadamente de 80.

En total, cuando arrancó este procedimiento, se identificó a 206 personas en los distintos módulos del antiguo centro penitenciario. Durante el proceso, todas ellas fueron debidamente notificadas y contaron con el correspondiente plazo para presentar alegaciones.

Tras su análisis y desestimación, el Ayuntamiento abrió un nuevo plazo de cinco días hábiles para el abandono voluntario del recinto. En esta misma línea, la junta de gobierno ha acordado este miércoles desestimar íntegramente los recursos interpuestos contra el acuerdo de 6 de mayo de 2026, por el que ya se rechazaban las alegaciones presentadas en el marco del expediente.

Cabe recordar que el proceso de recuperación se inició en base a informes técnicos y de seguridad que advertían de un grave riesgo de incendio en el interior del recinto, así como del peligro para la integridad física de las personas que lo ocupan y de los servicios de emergencia.

Tal y como ha explicado la portavoz del equipo de gobierno municipal, Mercedes Celeste, los servicios sociales municipales han mantenido una atención permanente durante todo el proceso, ofreciendo información, acompañamiento y acceso a los recursos disponibles en coordinación con otras instituciones.

Durante el proceso se ha derivado a 45 personas a recursos del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), incluidos centros de acogida temporal y programas de inserción social y laboral.