Armengol, Baleares no te olvida

Se está instalando un relato que conviene corregir: que el caso Mascarillas se está juzgando en el Tribunal Supremo y que, por tanto, lo ocurrido en Baleares forma parte de un capítulo ya encauzado o incluso amortizado. No es así. Y no es un matiz menor, es la clave para entender lo que realmente está pasando.

Lo que hoy está en el Tribunal Supremo es únicamente una parte de la investigación: la que afecta a aforados, fundamentalmente vinculada a José Luis Ábalos. Es decir, el Supremo no está enjuiciando todo el caso Mascarillas, ni mucho menos. Está conociendo una pieza separada por razón de competencia.

El núcleo real de la investigación sigue estando en la Audiencia Nacional. Y es ahí donde se está analizando la trama en su conjunto, incluyendo las distintas ramificaciones territoriales. Entre ellas, Baleares.

Por tanto, conviene decirlo con claridad: el caso Mascarillas en Baleares no ha salido del foco judicial. Sigue dentro de la causa principal. Y sigue avanzando. Y además, en un momento especialmente sensible.

La investigación está pendiente del informe de la Unidad Central Operativa (UCO), que no es un trámite cualquiera. Es el documento que debe determinar si el contrato de mascarillas en Baleares fue un episodio aislado de mala gestión o si, por el contrario, encaja dentro de un patrón más amplio de actuación vinculado a la trama.

Ese informe tendrá consecuencias. Porque no solo analizará el contrato, sino también el contexto en el que se produjo: quién lo impulsó, qué controles fallaron, qué decisiones se adoptaron y, sobre todo, quién tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo, en lo peor de la pandemia.

Y aquí es donde el debate deja de ser técnico para convertirse en político y, eventualmente, penal. Durante el periodo en cuestión, el Govern balear estaba presidido por Francina Armengol. A día de hoy, no está imputada. Pero reducir el análisis a ese dato es, sencillamente, engañoso.

Porque lo que está en juego no es la situación actual de Armengol, sino lo que pueda derivarse de la investigación en curso. Y esa investigación no ha terminado. Ni siquiera ha alcanzado su punto decisivo.

En este tipo de macrocausas, la responsabilidad no se agota en los niveles técnicos. No basta con señalar a funcionarios o responsables administrativos. Las decisiones de contratación pública, especialmente en contextos de urgencia y con importes relevantes, responden a dinámicas en las que el control político es ineludible, un control que no se puede reducir a un «cariño, te mantengo informada», como Koldo le manifestaba cariñosamente a la molt honorable Armengol.

Por eso, el informe de la UCO puede marcar un antes y un después. Si acredita que el caso de Baleares forma parte de la misma lógica que otras adjudicaciones bajo sospecha, el foco se desplazará inevitablemente hacia los niveles de decisión superiores. Y eso incluye a los altos cargos del Govern de la época.

Se está intentando trasladar a la opinión pública que lo importante ya está en el Supremo y que lo demás son flecos. Es justo al revés. El Supremo ve una parte. La Audiencia Nacional tiene el todo. Y dentro de ese todo, Baleares sigue siendo una pieza relevante.

Dar por cerrado este capítulo ahora no es solo precipitado. Es una forma de construir un relato que no se corresponde con la realidad judicial; quien controla el relato, controla la verdad. Recuerden, esa siempre es la estrategia del sanchismo.

El caso Mascarillas sigue vivo. Sigue en la Audiencia Nacional. Y puede, todavía, escalar en términos de responsabilidad. También en Baleares. También en lo que respecta a quienes estaban al frente del Govern.

Y eso es, precisamente, lo que algunos preferirían que no se recordara. Pero tranquilos, tranquilas, tranquiles, Baleares no te olvida.

• Eduardo Luna es abogado penalista.