Un alcalde independentista de Mallorca aprueba pagos a sus dos altos funcionarios de más de 100.000 euros al año

• Julio Bastida @juliobastidag
• Delegado en Baleares de OKDIARIO
• • 29/03/2026 04:00
  • Actualizado: 29/03/2026 04:00

La calma habitual de Santa María del Camí, un municipio mallorquín de poco más de 7.000 habitantes, ha saltado por los aires. Lo que en principio parecía un trámite administrativo sin mayor trascendencia ha acabado convirtiéndose en un auténtico terremoto político, con acusaciones cruzadas, tensión institucional y la amenaza de una batalla judicial en el horizonte.

En el centro de la polémica se encuentra el equipo de gobierno liderado por el alcalde independentista Nicolau Cañellas, señalado por la oposición por haber impulsado presuntamente una subida encubierta de los sueldos de altos cargos municipales. Las críticas no han tardado en arreciar, denunciando una maniobra «opaca», «a escondidas» y difícil de justificar ante la ciudadanía.

Según sostienen los grupos de la oposición, el Ayuntamiento habría aprobado  complementos salariales superiores a los 60.000 euros para dos figuras clave de la administración local: la interventora y el tesorero. Estas cantidades, sumadas a sueldos base cercanos a los 40.000 euros y a un plus de disponibilidad que superaría los 10.000 euros, situarían la retribución total por encima de los 100.000 euros anuales.

Una cifra que ha encendido todas las alarmas políticas y sociales. No sólo por su volumen, sino por la comparación inevitable: de confirmarse estos datos, ambos funcionarios pasarían a cobrar más que el alcalde de Palma e incluso superarían las retribuciones de la presidencia del Govern balear. Todo ello en un municipio de dimensiones reducidas, lo que ha llevado a la oposición a calificar la situación como un «auténtico disparate» y un ejemplo de gestión «fuera de toda lógica».

El último pleno municipal se convirtió en el escenario de un enfrentamiento directo. Los grupos de la oposición, unidos en bloque, elevaron el tono de sus críticas y exigieron explicaciones inmediatas al equipo de gobierno. La sesión estuvo marcada por momentos de gran tensión, reproches constantes y un clima político que evidencia la gravedad del conflicto.

Lejos de rebajarse, la crisis ha ido escalando en los últimos días. En un movimiento coordinado, los partidos de la oposición han solicitado formalmente acceso a toda la documentación relativa a las fichas de personal correspondientes a los años 2024, 2025 y 2026. El objetivo es analizar con lupa cada concepto retributivo y determinar si se han producido irregularidades o decisiones que puedan vulnerar la normativa vigente.

Pero el pulso político podría ir mucho más allá. Sobre la mesa ya se plantea una medida de gran calado: solicitar la nulidad de pleno derecho de los presupuestos municipales si se demuestra que estas retribuciones no se ajustan a la legalidad. Además, no se descarta llevar el caso ante los tribunales, lo que abriría un frente judicial con consecuencias imprevisibles para el equipo de gobierno.

Mientras tanto, el silencio institucional y la falta de explicaciones claras por parte del alcalde y su equipo no han hecho más que alimentar la polémica. La ausencia de una versión detallada y transparente ha incrementado la desconfianza tanto en el ámbito político como entre los vecinos del municipio.

En las calles de Santa María del Camí, el asunto ya es tema de conversación recurrente. La ciudadanía observa con inquietud cómo un conflicto administrativo ha derivado en una crisis política de gran magnitud, poniendo en cuestión la gestión de los recursos públicos y la transparencia del consistorio. «¿Será que quiere tener contentos a estos funcionarios para que le aprueben todo lo que le pide?», apuntaban los vecinos.

El caso, además, vuelve a situar en el centro del debate el control de los sueldos en la administración local, la necesidad de mecanismos de supervisión más estrictos y la importancia de garantizar una gestión acorde al tamaño y necesidades de cada municipio.

Por ahora, todas las miradas están puestas en los próximos movimientos del Ayuntamiento y en la documentación que pueda salir a la luz en los próximos días. La pregunta sigue en el aire y cada vez resuena con más fuerza: ¿se trata de una decisión administrativa justificable o estamos ante un escándalo político de gran alcance a punto de estallar?