Acusan al IMAS de dejar solo a un trabajador al abrirle expediente por malos tratos sin «pruebas sólidas»

El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) vive días de fuerte división interna después de que un grupo de trabajadores contra la violencia institucional haya denunciado públicamente el «acoso laboral» que supuestamente ha sufrido un empleado, al que la institución le abrió un expediente disciplinario por supuestos malos comportamientos con sus compañeros.

Fue en mayo del año 2025 cuando se le abrió un expediente a este empleado, que comportaba la pérdida de empleo y la mayoría de su sueldo «sin motivo aparente», después de que algunos compañeros le acusaran de malos comportamientos hacia ellos y los usuarios del centro de trabajo.

Sin embargo, según el grupo de trabajadores contra la violencia institucional, pasaron semanas sin que la administración insular le diera información acerca del expediente, en el que han considerado que no constan «pruebas sólidas» contra él más allá de los testimonios.

Según han informado los denunciantes, el trabajador se encuentra en tratamiento psicológico debido a la situación de acoso que padece desde 2024.

Pese a que presentó las alegaciones en plazo, todavía no ha tenido acceso al expediente completo y el IMAS está usando la suspensión de empleo y sueldo «como arma de presión económica y desgaste emocional en un ejemplo flagrante de violencia institucional», según indican.

A las pocas semanas de la apertura del expediente y tras mucho insistir, el trabajador logró iniciar el protocolo de acoso, incorporando al mismo varias pruebas.

Aunque este debía resolverse en un mes, todos los plazos han expirado después de meses sin información de las pruebas ni entrevistas. No se ha producido «ni un sólo movimiento» más allá de una comparecencia en la que el expedientado estuvo «solo y a merced de la institución».

Falta de información

Desde su incoación, siempre según los denunciantes, el expediente disciplinario se ha caracterizado por una «deficiente información» al trabajador afectado, quien no ha tenido acceso «pleno, claro y en tiempo razonable» al estado real del procedimiento, las pruebas practicadas, los criterios de valoración empleados o los plazos efectivos de resolución.

Esta situación le ha generado «una prolongada incertidumbre jurídica» que, a su parecer, es incompatible con los principios de seguridad jurídica, buena administración y tutela efectiva que deben regir cualquier actuación administrativa.

El grupo de trabajadores contra la violencia institucional, además, ha criticado el papel de CCOO, sindicato al que supuestamente estaba afiliado el expedientado, por no facilitarle información sobre sus derechos y opciones reales.

Una actitud de «distancia y pasividad» ante el bloqueo del protocolo de acoso y una negativa a impulsar reclamaciones formales que le han dejado «en una situación de aislamiento y desamparo», han subrayado.

El trabajador, han añadido, llegó a dirigirse a los órganos superiores del sindicato a nivel autonómico y estatal «sin obtener respuesta», lo que le llevó finalmente a renunciar a la afiliación.

El grupo de denunciantes, con este ejemplo, ha pretendido alertar sobre un modelo de gestión «que puede disuadir a otros trabajadores públicos de denunciar situaciones de acoso o maltrato institucional por miedo a represalias, expedientes o silencios prolongados».

A su parecer, existe «un patrón de actuación» en el que el IMAS «premia a quien acosa y castiga a quien denuncia». Esto, han añadido, resulta «especialmente grave» en el ámbito de la protección de la infancia.