El abogado del oficial de la Patrulla Verde imputado asegura que el delito ha prescrito

El abogado Adrián Buades, defensor del oficial de la unidad de la Patrulla Verde de la Policía Local Feliciano Franco, ha considerado este lunes durante una nueva sesión del juicio del caso Cursach que se vulneraron los derechos de su representado de forma «flagrante» y que el delito imputado ha prescrito.

Cabe recordar que la Fiscalía pide dos años de prisión para Franco por un delito de coacciones, mientras que una de las acusaciones particulares pide hasta seis años y medio de prisión.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma ha continuado este lunes con el juicio del caso Cursach, en el que los abogados de la defensa seguirán planteando sus cuestiones previas, informa Europa Press.

En su turno, Buades ha considerado que «se ha producido una indefensión» hacia su representado. Además, ha pedido que se retire una de las pruebas de la causa, un vídeo de una conversación grabada en el Templo del Faraón, al creer que se trata de una prueba ilícita.

En este sentido, ha recordado que toda persona debe ser informada por escrito de los hechos que motivaron su detención, pero el acusado no tuvo conocimiento de los mismos hasta el primer escrito de acusación. «Ni en el día de su detención, ni de su declaración, se le informó por escrito», ha señalado.

Por otro lado, ha asegurado que las actuaciones de su representado estaban ajustadas a derecho y obedecían a denuncias ciudadanas que se ocultaron en la causa, así como a actas de reuniones interdepartamentales, «también ocultadas».

En este punto, ha sostenido que el vídeo grabado en el Templo del Faraón supone una prueba «ilícita», porque en él no se menciona a Franco en la conversación y las grabaciones se hicieron sin saberlo, «sin conocimiento ni consentimiento», ha sostenido.

Por tanto, ha manifestado que la situación de su defendido es «absolutamente injusta, porque estuvo preso sin saber por qué y luego tuvo que comparecer cada semana en el juzgado». Además, se produjo «ocultación de todas las pruebas y nefastas consecuencias para la libertad» de Franco.

Por su parte, el fiscal Juan Carrau ha considerado que el acusado sí conocía los hechos imputados, haciendo referencia a una declaración «en la que consta que fue informado».

Asimismo, en relación a la prescripción del delito, ha recordado que, cuando hay delitos conectados a otros más graves en una causa, el plazo de prescripción debe ser el de los más graves.

Por último, en cuanto a la nulidad del vídeo, ha sostenido que se trata de una grabación hecha por las cámaras instaladas en el local en las que aparecen una serie de exigencias o hechos que pueden ser delictivos, según ha considerado.