Andalucía
Tribunales

Un testigo ausente y un cambio de abogado suspenden dos nuevos juicios contra el PSOE andaluz y los ERE

Ambos estaban fijados este miércoles en Sevilla: uno por el desvío de fondos públicos y otro por el enchufe de un concejal

La Audiencia de Sevilla y el Juzgado de lo Penal n.º 8 de Sevilla acogían este miércoles sendos juicios contra un ex sindicalista de UGT y dos ex alcaldes socialistas, el primero por el desvío de 1,5 millones de dinero público a una empresa, y el segundo por el enchufe de un ex concejal del PSOE en una entidad supramunicipal. Por diferentes motivos (la designación de un nuevo abogado y la no comparecencia de un testigo relevante), ninguno de los dos juicios llegó a celebrarse. Uno ha quedado sin fecha, el otro ha sido aplazado hasta noviembre de 2026. Los hechos que intentan juzgarse se remontan a 2005 y 2009.

El juicio previsto en la Audiencia de Sevilla correspondía al ERE de Río Grande, una empresa dedicada a la explotación de bares y restaurantes que en 2005 recibió una subvención de 1.531.300 euros de la Dirección General de Trabajo gracias a la intermediación del entonces sindicalista de UGT, que se enfrenta a una pena de siete años de prisión por delitos de prevaricación y malversación. Para su mujer, la Fiscalía pide seis años de cárcel. Un año antes de recibir la ayuda de la Junta socialista de Andalucía, Río Grande obtuvo unos beneficios de 1,25 millones de euros.

Antes del inicio del juicio, el letrado de Lanzas pidió al tribunal la suspensión de la vista oral alegando que fue designado hace pocos días y no había tenido tiempo suficiente para preparar debidamente su defensa. El tribunal de la Sección Primera reconoció la «premura» en el nombramiento del nuevo abogado y acogió la solicitud para garantizar el derecho de defensa de Lanzas. El Ministerio Público no se opuso a la suspensión.

El tribunal, eso sí, quiso recalcar que, con la carga de trabajo que arrastra, será imposible celebrar el juicio de forma «inmediata». «Tenemos un panorama oscuro por delante, estamos absolutamente cogidos en fechas», sentenció el presidente de la sala.

La acusación que ejerce la Junta de Andalucía no vio causa legal suficiente y se opuso a la suspensión de la vista, ya que el nuevo letrado constaba ya como designado. Igualmente, la defensa de una de las acusadas (Carmen Fontela, que recibió más de 155.000 euros como indemnización por despido pese a que no trabajaba en la empresa) sostuvo que no concurrían los requisitos para la suspensión, y lamentó que su representada, de 80 años, lleva ya mucho tiempo esperando la resolución del caso.

Por otro lado, en el Juzgado de lo Penal n.º 8 de Sevilla estaba fijado el juicio contra el ex alcalde de La Puebla del Río (Sevilla) Julio Álvarez González y la ex alcaldesa de Benacazón (Sevilla) Juana María Carmona, ambos socialistas.

Álvarez González ya tiene tras de sí tres condenas, una de ellas por gastar más de 6.000 euros de dinero público en teléfonos eróticos y llamadas a su vecina desde el teléfono oficial del ayuntamiento. Fue sentenciado a un año y medio de cárcel por malversación. Las otras dos condenas fueron por hurto (ocho meses de prisión) y prevaricación (cinco años de inhabilitación para cargo público).

En 2009, Álvarez González enchufó presuntamente al ex concejal del PSOE Daniel P. S. para un puesto de peón de recogida de basuras en la Mancomunidad de Residuos del Guadalquivir. Lo hizo a instancias de la ex alcaldesa de Benacazón, pero ni constaba convocatoria previa para cubrir el puesto ni se respetó el orden de méritos de las listas de la bolsa de empleo de la mancomunidad (el ex edil figuraba en el puesto 21).

Este juicio se señaló inicialmente para marzo de 2022 en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, pero una cuestión de competencia con respecto a los delitos de prevaricación administrativa devolvió el caso a un juzgado de lo Penal. Señalado finalmente para este 5 de marzo, la vista tampoco pudo celebrarse por la ausencia de un testigo fundamental del caso. El juicio queda nuevamente fijado para el 25 de noviembre de 2026, dentro de un año y 10 meses. La Fiscalía pide para cada uno de los ex alcaldes socialistas 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.