La Policía de Melilla cerca a 90 implicados en 35 falsos matrimonios para regularizar marroquíes
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La Policía ha detenido en Melilla a 50 personas, entre ellas la principal integrante de una red criminal asentada en la ciudad autónoma dedicada al fomento de la inmigración irregular de ciudadanos marroquíes hacia el Espacio Schengen. Las autoridades buscan a otras 40 personas más por protagonizar falsos matrimonios o uniones de hecho para lograr los papeles en España a cambio de hasta 12.000 euros por persona.
En el entramado hay 90 implicados en 35 enlaces. Los falsos cónyuges, todos españoles con necesidades económicas, problemas psicológicos o adicciones, cobraban cerca de 4.000 euros por matrimonio. Los falsos testigos, entre 300 y 500 euros.
La operación está siendo conducida por la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Jefatura Superior de Policía de Melilla. Según ha informado este viernes un portavoz de la Jefatura, la red melillense, que tiene ramificaciones en Barcelona y Gerona, está acusada de realizar las uniones «mediante la formalización ante notario de matrimonios civiles o uniones de hecho de conveniencia con ciudadanos españoles y en presencia de falsos testigos».
El portavoz ha detallado que la detenida como principal investigada y organizadora de esta red «regenta una asesoría dedicada a trámites de extranjería, si bien la investigación posterior ha revelado que no está colegiada como abogada ni como gestora».
La estructura criminal estaba encabezada por la arrestada, que se presentaba como gestora experta en asuntos de extranjería ofreciendo sus servicios a ambos lados de la frontera. «La mujer se valía de su conocimiento del tamazigh – la rama más difundida de las lenguas bereberes- y del castellano, y de que gran parte de su familia reside en Marruecos, para darse a conocer a los clientes, que llegaban a pagar sumas superiores a los 12.000 euros por obtener la documentación que les permitiera su estancia en España mediante los falsos matrimonios o uniones civiles, si bien en alguna ocasión, incluso ha llegado a estafar a algún interesado cobrándole dinero sin llegar a realizar ningún trámite», ha explicado el portavoz policial.
Personas vulnerables o enfermas
Asimismo, ha apuntado que en el escalón inmediatamente inferior se hallaban los captadores, es decir, personas encargadas de reclutar a falsos cónyuges y testigos.
En cuanto a los primeros, todos son ciudadanos españoles especialmente necesitados económicamente e incluso con problemas psicológicos o con adicciones, «lo cual era aprovechado para su captación, prestándose a participar en la trama a cambio de cantidades próximas a los 4.000 euros, mientras que los testigos se avenían a dar fe del falso enlace a cambio de cifras que oscilan entre los 300 y los 500 euros».
En el tercer estrato se encontraban los colaboradores habituales por figurar en más de un enlace, «bien como cónyuges o como testigos», haciendo de esta práctica una forma estable de obtener ingresos. La Policía ha detectado algunos casos donde los sujetos participan como testigos en más de una unión, y otros implicados que figuran como cónyuges en enlaces que se han formalizado estando en vigor otros matrimonios anteriores.
El último peldaño de la red lo integraban los colaboradores puntuales, esto es, elementos cuya participación se ciñe a un solo caso, «ya sea como falso cónyuge o testigo, recibiendo la correspondiente remuneración por ello».
La dinámica delictiva comenzaba una vez que el cliente contactaba con la gestora. Acto seguido, los captadores reclutaban al cónyuge español y testigos, compareciendo todos ante notario, donde se formalizaba la unión mediante la consignación de la correspondiente acta, la cual se enviaba al Registro Civil o al Registro de Parejas de Hecho, en su caso, procediendo a la inscripción del enlace y surtiendo efectos civiles desde ese instante.
Finalmente, la gestora detenida presentaba ante la Oficina de Extranjeros la solicitud de la autorización de residencia a nombre del cónyuge marroquí a la que tenía derecho en virtud del falso enlace, culminado el plan delictivo con la consecución de dicho documento y, por tanto, su regularización administrativa en España.
Ramificación en Barcelona y Gerona
Aunque el grueso de esta trama criminal se halla en Melilla, en la investigación policial han aflorado numerosos casos de parejas de hecho fraudulentas formalizadas en Barcelona, «donde la legislación autonómica al respecto es mucho más laxa en cuanto a su inscripción legal», ha señalado el portavoz policial.
Los investigadores han detectado a la propia detenida desplazándose a la ciudad condal, donde ella misma oficiaba como intérprete en alguna de estas uniones ante notario, además de proceder a la presentación de las solicitudes de las autorizaciones de residencia en Oficinas de Extranjeros de Cataluña.
La Ucrif tiene constancia de la participación de 90 implicados en 35 enlaces entre matrimonios civiles y parejas de hecho mediante comparecencia ante notarios de Melilla y Barcelona, así como la presentación de las solicitudes de autorizaciones de residencia a nombre de los cónyuges extranjeros en las Oficinas de Extranjeros de Melilla, Barcelona y Gerona, culminando con la concesión de éstas en algunos casos.
Durante el operativo se ha procedido a la entrada y registro del local donde se ubica el negocio de la detenida, incautándose numerosa documentación y material informático. Los agentes han intervenido hasta la fecha varias de las tarjetas de residencia obtenidas fraudulentamente y han detenido a 50 de los 90 implicados, por lo que la operación continúa abierta. Para el arresto de los 40 investigados restantes se han instado las oportunas órdenes de detención.
El Juzgado de Instrucción nº 4 de Melilla, conocedor de la causa, ha decretado prisión provisional para la principal encartada, la responsable de la asesoría de Melilla donde se tramitaron todos estos presuntos falsos matrimonios o uniones de hecho.
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