Fijado para septiembre el juicio por las ayudas de la Junta socialista derrochadas en fiestas y cocaína

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha puesto fecha al juicio de la pieza separada de la macrocausa de las ayudas autonómicas para expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y subvenciones arbitrarias de la Junta socialista de Andalucía: tendrá lugar los días 5, 9, 14, 15, 16, 23 y 30 de septiembre del presente año.

El tribunal abordará los casi 1,5 millones de euros concedidos por el que fuera, entre 1999 y 2008, director general de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, a su exchófer Juan Francisco Trujillo. «Un porcentaje importante del dinero», según la Fiscalía, fue despilfarrado en «locales de copas» y «cocaína».

Trujillo ya reconoció ante el juez que tanto él como Guerrero consumían cinco gramos diarios cada uno y que llegaron a gastar 25.000 euros al mes en droga. Todo ello, añade la Fiscalía, en plena «crisis socioeconómica» en la comunidad y con empresas andaluzas realmente necesitadas de esas ayudas.

Así figura en una diligencia de ordenación emitida el pasado 21 de marzo por dicha instancia judicial y recogida por Europa Press, detallando que la causa se dirige contra Francisco Javier Guerrero, fallecido en octubre de 2020; Juan Francisco Trujillo; el administrador de una de las empresas del exchófer, Isidoro Ruz Espigares; y contra el que fuera directivo de Vitalia Antonio Albarracín, este último ya condenado por la pieza separada relativa a las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco).

De cara al juicio, recordemos que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido 14 años de cárcel, 30 años de inhabilitación y el pago de una indemnización de 1.475.028,01 euros para el exchófer de Guerrero, mientras que solicita seis años y tres meses de cárcel para Isidoro Ruz Espigares y seis años de prisión para Albarracín.

Falsos proyectos de inversión

La Fiscalía relata en su escrito de acusación que Guerrero y Trujillo, «personal laboral fijo de la Junta con categoría de conductor, asignado» al primero, a fin de «poder disponer para ellos de parte de los fondos públicos» que tenía a su disposición la Dirección de Trabajo con cargo a la partida 31L, «idearon inicialmente la constitución» de sociedades mercantiles «para que recibieran cantidades para financiar falsos proyectos de inversión».

Al hilo, precisa que estas sociedades eran Lógica Estratégica Empresarial e Iniciativas Turísticas Sierra Morena, añadiendo que Guerrero, «sin que conste ninguna solicitud de ayuda» por parte de ambas empresas y «sin la tramitación de expediente administrativo alguno», suscribió el 5 de febrero de 2004 un documento en el que certificaba que se había concedido sendas subvenciones de 450.000 euros a dichas empresas.

En ambos casos, y «para poder allegar» los 900.000 euros de fondos públicos a estas mercantiles, Guerrero suscribió el 16 de febrero de 2004, redactado por él mismo, un convenio de colaboración con el antiguo IFA para encomendarle el pago de la ayuda en el que, «a sabiendas de su falsedad», se recogía que el 5 de febrero de 2004 habían presentado ante la Dirección de Trabajo la solicitud de ayuda, plan de inversiones y de viabilidad, así como que la documentación acreditativa obraba en poder de dicha Dirección General.

Asimismo, asevera que Guerrero y Trujillo, «de común acuerdo y con ánimo de ilícito enriquecimiento, decidieron» que Isidoro Ruz Espigares presentara como promotor ante la Dirección de Trabajo un proyecto, «sin fecha», para el emplazamiento de una granja avícola, «en el cual, como financiación de la inversión, se disponía de una subvención de 450.000 euros».

1,35 millones a cargo de la Junta

De este modo, y «sin la tramitación de expediente administrativo alguno», Guerrero suscribió el 5 de febrero de 2004 un documento en el que certificaba, igualmente, que se había concedido dicha ayuda a la empresa de Isidoro Ruz Espigares, Ave Nueva S.L., para lo cual también suscribió un convenio de colaboración con el IFA.

Anticorrupción afirma que, en la tramitación del pago de estas cantidades como ayudas o subvenciones a las tres sociedades mencionadas, «se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, concediéndose por Guerrero sin competencia legal para ello».

A su juicio, el importe de 450.000 euros de cada una de las «supuestas» ayudas fue fijado «de propósito» por Guerrero «para evitar» que, conforme a la normativa reguladora de las competencias del Consejo Rector del IFA, este órgano las aprobase.

La Fiscalía añade que Trujillo, como persona autorizada en las
cuentas bancarias de las tres sociedades, «dispuso» del total de 1.350.000 euros transferidos por IDEA «como si de una caja única se tratara, no ejecutando ninguno de los proyectos de inversión ni contratando el personal que se recogía en las memorias o proyectos que se aportaron para de forma engañosa justificar la concesión de las ayudas».

Coca, copas, fincas y antigüedades

Todo ello, además, «siendo evidente que en ningún caso las tres sociedades se constituyeron para iniciar una actividad , sino para canalizar para disposición de los encausados fondos públicos de la Junta de Andalucía», asegura la Fiscalía, que agrega que, con estas ayudas, el exchófer de Guerrero «financió compras de inmuebles y fincas rústicas, bien para su uso bien con fines especulativos».

Asimismo, y según la Fiscalía, Trujillo entregó a su esposa 24.000 euros para que adquiriera una finca. De su lado, y con los fondos transferidos a estas tres empresas por IDEA, Guerrero «recibió entregas de efectivo, antigüedades, un equipo de navegación para su vehículo oficial, invitaciones en restaurantes y locales de copas y entregas de cocaína» por parte de su chófer», todo ello «sin que se haya podido cuantificar su importe pero constituyendo éste un porcentaje importante de estos fondos».

La Fiscalía concluye que el destino que los encausados dieron a los fondos percibidos «supuso no sólo una merma importante en la disponibilidad presupuestaria para atender la finalidad del programa 3.1L -ayudas sociolaborales y a empresas en situación de crisis-, sino también un grave perjuicio a la actividad a desarrollar por la administración de la Junta ante las ciertas, concretas y singulares situaciones de crisis socioeconómica de la comunidad autónoma, privando a empresas andaluzas, en situación real de crisis, de concurrir y acceder a estas cantidades».

En el escrito de acusación, agrega que, en abril de 2007 y «al no disponer de liquidez para poder atender» todos los gastos reflejados anteriormente, Guerrero y Trujillo contactaron con Antonio Albarracín para que, figurando como tomadora la Dirección de Trabajo, se preparara una póliza de seguros en la cual debía de figurar como persona asegurada y beneficiaria de la misma Estrella Blanco, madre de Trujillo.

Así, Trujillo «imitó» la firma de su madre, que recibió en su cuenta bancaria 120.028,01 euros y que, «ajena a todo lo expuesto, hacía reintegros de estas cantidades entregándoselas a su hijo, el cual las empleaba para seguir atendiendo gastos propios y las entregas en efectivo, invitaciones y compra de cocaína» para Guerrero.