Barra libre okupa: Teresa Rodríguez exige a Sánchez que paralice todo tipo de desahucios hasta 2021

Adelante Andalucía, convergencia entre Podemos e IU, ha exigido este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez que aumente la moratoria para los desahucios hasta 2021 e incluya «todo tipo de causas» para que, hasta el próximo año, no se produzca absolutamente ningún desahucio. De este modo, los okupas viviría más impunemente incluso que ahora.

Hasta ahora, están momentáneamente paralizados aquellos lanzamientos provocados por no pagar el alquiler por motivo del coronavirus, pero Adelante Andalucía quiere que esto se extienda «a todo tipo de causas».

Así lo ha explicado la parlamentaria de la formación por Málaga, Vanessa García, quien ha indicado «las medidas del Gobierno central van en el buen camino, pero son muy insuficientes, ya que únicamente prohíben los desahucios por alquiler de familias que han caído en vulnerabilidad como consecuencia directa de la pandemia del Covid-19, y no a quienes se encontraban en esta situación antes».

Además, en un comunicado, ha apuntado que esta medida «sólo durará hasta diciembre de 2020 y no hasta final de 2021, como exige la PAH, por eso pedimos que no se deja a nadie atrás».

Por otra parte, en política de vivienda, la parlamentaria ha pedido a las administraciones, en primer lugar a la Junta de Andalucía, la creación «de manera urgente de un Parque de Viviendas Público de Viviendas, tras la realización de un estudio sobre los pisos y casas vacías en manos de entidades bancarias y sus filiales inmobiliarias, como de fondos buitres».

Asimismo, también ha pedido a las administraciones competentes «que regulen los precios del mercado del alquiler, y a que legislen sobre las viviendas turísticas».

En este sentido, la parlamentaria ha destacado que en la provincia de Málaga «los datos son desoladores, porque según las cifras del Consejo General del Poder Judicial, en el primer trimestre de 2020 se realizaron 414 desahucios, prácticamente en dos meses, porque en marzo se decretó el estado de alarma». En concreto, ha dicho, se realizaron 334 por impago de alquiler, 66 por hipotecas y 14 por otros motivos.

Asimismo, García ha recordado que «la situación es preocupante, porque ya desde el 4 de junio se reactivaron todos los procesos judiciales suspendidos en marzo, y desde esta fecha han vuelto los desahucios». Además, ha recordado que en los últimos años el precio de los alquileres en la provincia de Málaga ha subido un 56 por ciento en los últimos cinco años, mientras que los sueldos se han mantenido bajos.

Málaga

La confluencia de Izquierda Unida y Podemos ha calificado de «error» en Málaga la decisión anunciada por equipo de gobierno «para la subida inminente de precios públicos municipales de servicios esenciales como el transporte colectivo en autobús de la EMT, las tarifas de los taxis o de la red de aparcamientos municipales».

También han calificado del mismo modo el impulsar planes para aumentar la red de estacionamiento de pago mediante el sistema de Zona Azul en los entornos del Hospital Civil, la calle Fátima o Cruz del Humilladero.

El concejal de la confluencia Nicolás Sguiglia ha subrayado que «esta subida es un error porque supone cargar en los precios públicos que pagan los vecinos y vecinas la necesidad de aumentar los recursos que tiene el ayuntamiento para afrontar las consecuencia socioeconómicas de la crisis derivada por el COVID-19 y reforzar los servicios públicos».

«El debate de fondo es a quién se le van a subir los impuestos en esta ciudad para hacer frente a un problema general, común y global. El equipo de gobierno ha optado por subir los precios públicos y que paguen los vecinos», ha indicado.

Así, ha precisado que desde el Grupo Municipal de Adelante Málaga proponen «que sean las grandes empresas y corporaciones, que en muchos casos incluso han aumentado sus ingresos durante la pandemia, los que hagan un esfuerzo mayor para contribuir a afrontar los gastos que necesita nuestra ciudad».

Para ello, Izquierda Unida y Podemos proponen que «se impulse un incremento del tipo diferenciado del IBI para los grandes establecimientos comerciales del 0,7 al 1,1, lo que supondría un aumento del 5,2 millones de euros de recaudación para las arcas públicas, medida que ya ese está aplicando en otras grandes urbes».

«Son muchas las compañías que hacen un uso privativo de espacios públicos, como las canalizaciones subterráneas, para ofrecer un servicio privado, desde IU y Podemos proponemos incrementar las tasas por esa utilización privativa, o los aprovechamientos especiales del subsuelo, suelo o vuelo de la vía pública por parte de compañías privadas de energía, telecomunicaciones y telefonía», ha dicho.

Por otra parte, tal y como apuntan desde la confluencia, «Málaga se sitúa muy por debajo de lo que en otras ciudades se cobra a las entidades financieras por la ocupación de terrenos de uso o dominio público por cajeros automáticos instalados en la fachada de establecimientos y manipulables desde la vía pública», por lo que proponen «que se aumenten dichas tasas un 25 por ciento».

El concejal portavoz de la formación, Eduardo Zorrilla, ha indicado que estas propuestas «van en consonancia con el artículo 31 de la Constitución sobre progresividad fiscal, en la que se indica que se paguen más tasas, impuestos y precios públicos por quienes más capacidad económica tienen y paguen menos quienes menos tienen, y el Ayuntamiento de Málaga está a la cabeza de lo contrario, aquí pagan más los ciudadanos que las grandes empresas».

«Mientras, las tasas, impuestos y precios públicos que pagan la ciudadanía como el agua, el saneamiento o el transporte público en otras ciudades está por debajo del 18 por ciento de lo que se paga en Málaga, por el contrario, las tasas, impuestos y precios públicos que pagan las grandes empresas por el uso privativo del suelo, del subsuelo, el vuelo, los cajeros automáticos se sitúa en Málaga un nueve por ciento por debajo de los que se paga en otras grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla», abunda Zorrilla.