Andalucía acuerda con una cadena hotelera el uso de sus instalaciones para inmigrantes en cuarentena

La Junta de Andalucía ha alcanzado un acuerdo con la empresa Senator Hotels & Resorts para que uno de los establecimientos de la cadena hotelera sea empleado como recurso habitacional para inmigrantes en cuarentena.

Los ilegales llegados en patera a tierras andaluzas que han dado positivo por coronavirus, así como sus contactos estrechos podrán así respetar las medidas sanitarias y cumplir el obligado aislamiento.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha acordado con la cadena hotelera el uso del establecimiento ubicado en la Playa del Palmer (Almería) y situado a apenas siete kilómetros del Puerto Pesquero de la ciudad, que ya acoge desde el pasado martes a 18 personas que fueron rescatadas de una patera, de las cuales una dio positivo, por lo que se procedió a su aislamiento así como al resto de contactos estrechos no contagiados, según han confirmado a Europa Press fuentes sanitarias y de la compañía.

El acuerdo alcanzado entre el organismo de la Administración autonómica y la empresa tiene como objetivo facilitar la cuarentena a personas extranjeras que han estado expuestas al virus como medida de prevención en materia de salud pública tanto para los afectados como para el resto de la ciudadanía.

Las instalaciones, concebidas como un centro de gestión compartida en las que operará Cruz Roja Española, prevén un funcionamiento similar al otorgado a los centros Inturjoven de Víznar (Granada) o de Algeciras (Cádiz) en los últimos meses, donde se han articulado medidas para prevenir y vigilar el cumplimiento de los protocolos Covid.

Hasta el momento, las personas llegadas en patera que debían guardar cuarentena por ser positivo en Covid-19 o uno de sus contactos estrechos eran derivadas a centros habilitados por la Junta de Andalucía en otras provincias, toda vez que dichos traslados han sido objeto de polémica en las últimas semanas entre Junta y Gobierno central por la distribución de las competencias.

Senator Hotels & Resorts ya ha colaborado con las autoridades sanitarias y las ONG en ocasiones anteriores para facilitar recursos ante la crisis del Covid-19, de forma que el pasado mes de abril -durante el estado de alarma- facilitó su establecimiento en El Toyo para garantizar el adecuado confinamiento de 70 mujeres, algunas de ellas embarazadas, niños y familias refugiadas y migrantes procedentes de Centro de Atención de Emergencia y Derivación de Cruz Roja en Almería.

Desde la cadena hotelera, que cuenta con 39 establecimientos de los que actualmente 36 se encuentran cerrados al público debido a la caída de la actividad turística, han trasladado su vocación de colaborar con las autoridades para facilitar recursos ante la «difícil» situación derivada de la pandemia.

Las instalaciones de Diverhotel Odyssey Aguadulce han sido en este caso «cedidas» dentro del Protocolo de actuación y la estrategia de detección precoz, vigilancia y control de covid-19 del Ministerio de Sanidad, así como del Plan de Vigilancia y Prevención de Brotes de Covid-19 en el contexto de las personas inmigrantes llegadas por mar. El centro cuenta con capacidad para albergar a un máximo de 120 personas.

El Gobierno carece de competencias

El subdelegado de Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente, ha insistido este jueves que el Gobierno central no tiene competencias para asumir los traslados de los inmigrantes llegados en patera que, tras haber mantenido un contacto estrecho con un positivo en covid-19 sin resultar infectados, son obligados a cumplir una cuarentena de diez días en un recurso habitacional dispuesto por la Junta de Andalucía una vez que la Policía Nacional los deja «en libertad» tras haberse cumplido el protocolo judicial de expulsión.

«El Gobierno de España entiende que en ese momento quien asume la responsabilidad en todo lo que conlleva debe ser la comunidad autónoma, que dice que de los positivos sí se hace cargo, pero los acompañantes a los que se les retiene por razones sanitarias debe ser el Gobierno de España, y así llevamos tres meses», ha indicado el subdelegado en declaraciones a los medios.

Si bien ningún de los protocolos establecidos hasta el momento especifica qué administración debe ocuparse de los traslados de casos negativos en cuarentena, dichos traslados estuvieron a cargo de la Policía Nacional durante el pasado verano hasta que, a mediados de septiembre, se produjo un cambio de criterio que dejó a dos grupos de 11 y 15 personas sin transporte y, por tanto, sin recurso habitacional, siendo puestos en libertad en Almería.

Asimismo, fue el Ayuntamiento en el que, en la última ocasión el pasado fin de semana, se ocupó de conducir a 15 inmigrantes hasta el albergue Inturjoven habilitado en Víznar (Granada) mediante la contratación de un microbús. «Está claro que la competencia es o de Sanidad o del Gobierno, pero no del Ayuntamiento de Almería», recordó entonces la portavoz del equipo de gobierno, María Vázquez (PP).

Pese a estas tres últimas situaciones, De la Fuente ha asegurado que se han ido «buscando soluciones en cada momento para evitar que se tengan que dejar en libertad» y sin «control sanitario» a estas personas que debían guardar cuarentena bajo resolución expresa de la autoridad sanitaria de la Junta de Andalucía.

Para el subdelegado, carece de relevancia que las personas que tienen que estar en cuarentena sean extranjeras o no. «Son ciudadanos que están en el contexto de la crisis sanitaria», ha recalcado antes de puntualizar en que es «por razones sanitarias» cuando «se les obliga al confinamiento»; un aspecto que el resto de administraciones no discuten más allá de determinar a quién corresponde articular los medios para que los afectados puedan ir un centro a guardar esa cuarentena.