Todos quieren ser funcionarios y pensionistas

España vive una hecatombe demográfica y económica cuyas consecuencias sufrirá la próxima generación. A más tardar, la siguiente. El número de trabajadores por cuenta propia ya es inferior al número de empleados públicos, lo que invierte la pirámide conveniente para el mantenimiento del sistema. Cada vez menos personas mantienen a cada vez más, y eso provocará la ruina de las cuentas públicas a no mucho tardar, si no se toman medidas drásticas, duras e impopulares. Tres millones y medio de autónomos frente a los casi cuatro millones de funcionarios, quienes sostienen el consumo a base de ser partícipes, y cómplices indirectos, de un sistema diseñado por el socialismo imperante para controlar la economía de los ciudadanos. Y ya sabemos que quien controla el hambre del pueblo controla su voluntad en forma de voto.

Lo de articular decisiones que vayan en contra del sentir subvencionado es algo no contemplable por el gobierno actual, campeón en generación de clientelismo y el más despilfarrador y liberticida de la historia reciente de España. Empero, muchos nos tememos que tampoco hará acto de motosierra el gobierno que vendrá, agobiado por los ajustes que impondrá Bruselas y por los recortes que los agujeros de las cuentas públicas obligarán a tomar. ¿Quién convence a la España que sólo quiere opositar y ser parte del Estado que es pertinente reducir el tamaño de este si queremos sobrevivir? ¿Quién les dice a los más de nueve millones de pensionistas que, para que sus hijos y nietos puedan cobrar ese derecho en un futuro, hay que recortar, al menos, un veinte por ciento las prestaciones, porque los cimientos están colapsando? ¿Quién niega a la España que desea prejubilarse porque ya no puede más, que necesitamos que sigan cotizando para garantizar un sistema que ya no aguanta más? Preguntas cuyas respuestas ningún dirigente responsable quiere dar si no desea verse sometido al duro escrutinio de las urnas. Porque, todavía, en la España que tolera la corrupción y la mentira, la verdad no se vota y la honestidad no de destila.

De ahí que asumamos que el cambio en la mentalidad colectiva, que deben protagonizar las nuevas generaciones que desean ser funcionarios del Estado, tiene que venir por una caída a los infiernos económicos de la España carcomida por la burocracia inepta y fanfarrona de una elite política empresarial tan ineficaz como cobarde, tan negligente como incapaz, que no sabe ni quiere abordar las reformas que la nación necesita con urgencia. Y ello no pasa por el siempre recurrible recurso retórico al recorte del gasto superfluo, tan necesario como insuficiente. Si nos ahorrásemos el coste de, por ejemplo, el inútil e inservible Ministerio de Igualdad, unos quinientos millones de euros cada año, apenas si nos daría para pagar las pensiones de dos días. No sólo se trata de quitar la grasa que carcome la eficiencia de las instituciones del Estado, y el coste de mantener a vividores de subvenciones, paguitas y problemas de causitas, sino de reformar en profundidad lo que está arruinando las reservas.

Y para ello, hay que entrar en la raíz de todos los problemas y la madre de todas las soluciones; la educación. Y persuadir, en esas aulas sometidas al socialismo de mentalidad confortable -de la que los alumnos precisan escapar-, que ser empleado del Estado y servidor público es una responsabilidad que debe venir acompañada de una autonomía personal en cuanto a las decisiones profesionales. Trabajar para el Estado o vivir del Estado. Funcionario para mejorar el sistema o funcionario para vivir y trincar del mismo. Cuando se acabe el dinero que paga la fiesta, la respuesta a dicha disyuntiva nos encontrará, como de costumbre, durmiendo, sin que los causantes políticos de este escenario paguen por tan irresponsable contubernio.