El juez procesa a Ana Julia por asesinato y un delito contra la integridad y no ve detención ilegal

Ana Julia Quezada, la autora confesa de la muerte del pequeño Gabriel Cruz en Níjar (Almería), será procesada por asesinato y por un delito contra la integridad moral, si bien el juez descarta hacerlo por detención ilegal.

Así lo ha anunciado a los medios de comunicación a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Almería el juez instructor de la causa penal, el magistrado Rafael Soriano, quien ha precisado que espera que la investigación en torno al crimen, que va a ser enjuiciado por un jurado popular, esté concluida «a finales de año».

«Hoy se inicia la tramitación del procedimiento por la ley del jurado, que llevará su tiempo, y esperemos que podamos tener completada la instrucción y se pase la causa a la Audiencia Provincial para enjuiciamiento», ha precisado sin aclarar por qué se ha decretado el sobreseimiento para el delito de detención ilegal.

Tras este trámite judicial, Francisco Torres, acusación particular en nombre de los padres de Gabriel Cruz, ha informado de que considera a la investigada autora de un delito de asesinato de los artículos 139.1 y 139.3, así como 140.1, del Código Penal, señalando como el ensañamiento y la alevosía como agravantes.

Ha anunciado que además acusará a Quezada por dos delitos contra la integridad moral, uno por cada progenitor del menor, y ha manifestado que no le sorprende la retirada de una detención ilegal que él nunca había contemplado al considerar que formaba parte de «la misma dinámica comisiva del asesinato, no se produjo el retener y encerrar».

Además ha informado de que ha solicitado una diligencias médica para «poner en cuestión la pericial de la autopsia de los médicos forenses» para avalar precisamente la tesis del ensañamiento, una prueba que podría estar lista en «una o dos semanas» y que requerirá del DVD con el TAC que se le hizo al niño para analizarlo con «mucha más solvencia».

Prisión permanente

Sobre la prisión permanente revisable, ha señalado que desde el principio dijo que solicitaría la pena legal y que la que «actualmente está vigente» es ésta, ya que el artículo 140 establece que deberá imponerse la misma en los supuestos «como es este caso, en los que exista un menor de 16 años».

También ha concretado que la Fiscalía considera a Quezada autora de un asesinato con alevosía pero no ensañamiento, y que el Ministerio Público ve dos delitos de lesiones psíquicas cometidos contra los padres pero no contra la integridad moral.

Por su parte, Patricia Catalina, delegada de la asociación Clara Campoamor, personada como acusación popular en la acusación considera que el ensañamiento sí se ha producido porque los hechos «presuntamente cometidos son absolutamente atroces».

Asimismo, ha señalado que por su parte se pedirá una pericial de medicina legal forense y ha apuntado que ya se ha «levantado el secreto de sumario que faltaba». «Ya no hay ningún motivo para que se mantenga en secreto y en principio espero se acelere lo más posible», ha concluido.

El abogado de Ana Julia Quezada, Esteban Hernández Thiel, ha defendido que sea juzgada por un tribunal profesional y no por un jurado popular porque se podría conculcar en caso contrario su derecho a un proceso con «todas las garantías».

«Dada la enorme repercusión mediática que ha tenido este procedimiento, creemos muy difícil que se pudiera juzgar con imparcialidad por un jurado», ha añadido, señalando que su cliente en cualquier caso habría cometido un «homicidio u homicidio imprudente».