Una sombra de 680 millones de euros planea sobre Sánchez

Pedro Sánchez pudo y no quiso obligar a la Junta de Andalucía, presidida entonces  por Susana Díaz, a que reclamara la cantidad defraudada -680 millones de euros- en el caso de los ERE. La explicación es sencilla: el Gobierno andaluz solicitó en 2016 el archivo de la causa penal en la que estaba personado. El juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla solicita poco después al Ejecutivo socialista andaluz que se pronuncie sobre su disposición a ejercer la acción civil para poder reclamar las cantidades presuntamente defraudadas -cifradas entonces en 741 millones de euros-. En el caso de que la Junta hubiera decidido no reservarse dicha acción civil lo habría hecho la Fiscalía en virtud de la denominada pluralidad de partes, pero la Administración andaluza, como perjudicada, no permitió la actuación del Ministerio Público porque el caso se le habría escapado de las manos. Gobernaba el PP y no convenía que el asunto quedara fuera de control

Desde el momento en que Sánchez es reelegido en primarias secretario general -21 de mayo de 2017- podría haber instado a Susana Díaz a que ejerciera dicha acción civil que el equipo de Gobierno andaluz se había reservado. Nadie en la Junta movió un dedo y Pedro Sánchez, que ahora trata de ponerse de canto, no puso empeño alguno en que la Administración andaluza reclamara la multimillonaria cantidad defraudada, por lo que el actual presidente en funciones también tiene que asumir su responsabilidad.

El PSOE jamás pensó que perdería el Gobierno andaluz. Lo tenía todo controlado, pero las elecciones autonómicas le cambiaron el paso. La pregunta es sencilla: ¿por qué no reclamó Susana Díaz la cantidad sustraída? La respuesta es obvia: porque se trataba de proteger a los suyos. Sánchez consintió y el resultado es que las posibilidades de recuperar dicha cantidad son prácticamente nulas. Esta es la historia, en resumidas cuentas, del mayor caso de corrupción política de la historia de España. El PSOE puso todas las trabas posibles para que la Justicia no llegara al fondo del asunto, pero cuando lo hizo, el socialismo salió en apoyo de los hoy condenados y dejó de reclamar los 680 millones de euros. Y Sánchez, como secretario general del PSOE desde mayo de 2017, pudo evitarlo. ¿Por qué no lo hizo?: porque no quiso.