Retocar la Constitución sí, destrozarla no

La unión entre Partido Popular y Partido Socialista a la hora de actuar contra el desafío de los independentistas catalanes es una gran noticia para España. Ambas formaciones han supeditado sus intereses particulares al sentido de Estado. Algo que nos da una imagen de fortaleza y estabilidad más allá de nuestras fronteras y que ha sido palpable en el pleno del Congreso de los Diputados de este miércoles. Es lógico que el PSOE ponga condiciones al Ejecutivo para respaldar la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Una de esas premisas es una reforma de la Carta Magna. Una proposición razonable, incluso beneficiosa para renovar la norma máxima que rige a todos los españoles, si no fuera porque los socialistas quieren basar esa modificación en el Estatuto de Autonomía que fue rechazado definitivamente por el Tribunal Constitucional (TC) en 2010. Pedro Sánchez ha de entender que no puede dar validez de facto a algo que está prohibido, ya que sería un error sobre otro error además de un incomprensible regalo a los secesionistas.

Como bien ha señalado el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, la reforma constitucional no se debe efectuar «para contentar a los golpistas». De basarse en el celebérrimo Estatut de 2006 se estaría haciendo justamente eso, ya que el TC lo tumbó por contener 14 artículos inconstitucionales. Entre ellos, los referidos a la lengua y a los nombres cooficiales (artículo 6) al Consejo de Justicia de Cataluña (artículos 97, 98, 99, 100 y 101) o a la contribución de Cataluña a los impuestos estatales (206.3). Sería un sinsentido, además de una irresponsabilidad, abrir un nuevo camino legal que se basara en una ilegalidad. Tanto los populistas de Podemos como los independentistas de la CUP —ya han amenazado con agitar las calles si el Gobierno aplica el 155— se lanzarían rápidamente sobre cualquier resquicio que les permitiera propiciar la inestabilidad de España, tal y como han demostrado hasta ahora. Y es ahora justamente que las dudas y la imposibilidad carcomen el procés cuando no hay que permitir una sola cesión.

Esa reforma que propone el PSOE insuflaría vida a un desafío que languidece, el más grave de la historia de España desde el golpe de Estado militar del 23 de febrero de 1981. Por lo tanto, la reforma constitucional sí es pertinente, pero de forma limitada. La actualización tiene que servir para mejorar la convivencia entre todos los españoles pero, al mismo tiempo, debe ser escrupulosa con la unidad de España, con el respeto a su Hacienda y, por supuesto, con el Estado de Derecho que nos ha dado la época más próspera y pacífica de nuestros cinco siglos de existencia. Dicha reforma ha de ser un instrumento inapelable contra el chantaje de políticos con tan pocos escrúpulos como Carles Puigdemont o sus socios de la CUP. No una ayuda para sus capciosas intenciones. Otra cosa, sería un error imperdonable.