Una reforma tan falsa como la tesis de Sánchez

El presidente del Gobierno más fake de la historia de España lo ha vuelto a hacer. Muy poca consideración debe tener Pedro Sánchez por la inteligencia de los ciudadanos para intentar vender como gran proyecto una reforma de los aforamientos que es más falsa que su tesis doctoral. Si aquel documento era un plagio, lleno de faltas de ortografía y elaborado por varios negros, la reforma que ha anunciado este viernes es una mera cortina de humo que no afectará a la mayoría de los 250.000 aforados que hay en España. Para anunciar una medida tan laxa e inconclusa, hubiera sido mejor que no propusiera nada. Sobre todo porque, además, es un brindis al sol si tenemos en cuenta que su aprobación es imposible, ya que chocaría contra la mayoría del Partido Popular en el Senado.

Sánchez quiere limitar los aforamientos a los casos de «delitos cometidos en el ejercicio de las funciones propias del cargo», que es lo mismo que no hacer nada. De hecho, esta reforma sólo afectaría a una mínima proporción de la amplísima comunidad de aforados que hay en España: presidente del Gobierno, ministros, diputados y senadores o, lo que es lo mismo, a los que están recogidos en los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución. Todos los cargos autonómicos y los distintos defensores del pueblo se quedan fuera de la reforma. También los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Además, cualquier cargo que esté imputado ahora mismo mantendrá su aforamiento, ya que la medida sólo se aplicará cuando se concrete el teórico cambio en la Constitución, imposible debido a la minoría representativa del actual Gobierno.

Por lo tanto, esta reforma fake se acerca más al «anzuelo» que denuncia Pablo Casado o a la «estafa» de la que habla Albert Rivera que a un cambio sustancial. Desde luego, no es una medida para «regenerar la vida política del país», como dice Pedro Sánchez. Más allá de promesas fatuas y cambios que no cambian nada, una reforma creíble del régimen de aforados debería acercarnos a la dinámica de países como Reino Unido, Alemania o Estados Unidos, donde carecen de ellos. También a naciones como Portugal o Italia, donde los únicos aforados son los presidentes de las respectivas repúblicas. Si bien es recomendable que el Rey mantenga esta condición e incluso el presidente del Ejecutivo, el resto de los aforamientos suponen un lastre para nuestro país que debería ser eliminado. Sólo así habría una verdadera «regeneración» y no la que trata de vender el actual jefe del Ejecutivo.