¿Por qué la Justicia debe ser barata?

España es un país prodigioso. Aquí uno puede discutir por una plaza de garaje, por el ladrido de un perro, por una gotera, por la custodia de un canario heredado o por quién se quedó con la cubertería de la abuela. Y si el conflicto adquiere cierta sofisticación nacional, también podemos acabar litigando por una moción de censura, una comisión parlamentaria, unos mensajes de WhatsApp oportunamente filtrados o una denuncia política presentada justo cuando se acercan unas elecciones. Todo termina donde antes llamábamos juzgados y ahora, con esa pasión burocrática que tanto nos gusta, denominamos pomposamente Tribunales de Instancia, como si cambiar el rótulo del edificio fuese a resolver décadas de atascos judiciales.

Vivimos instalados en una interpretación particularmente creativa del derecho a la tutela judicial efectiva. Se ha confundido el derecho a acceder a la Justicia con una especie de tarifa plana procesal. Una suscripción ilimitada al conflicto. Aquí se demanda, se denuncia y se querella uno con la misma facilidad con la que publica una opinión en redes sociales. Y después nos llevamos las manos a la cabeza porque los tribunales están colapsados, los procedimientos duran años y los jueces trabajan enterrados bajo montañas de expedientes que crecen con más rapidez que la deuda pública.

La teoría era hermosa. Una Justicia accesible para todos. La práctica ha terminado convirtiéndose en una invitación permanente al litigio.

Mientras en otros países la mediación constituye una herramienta seria para resolver conflictos antes de acudir a los tribunales, aquí seguimos contemplándola con el mismo entusiasmo que un adolescente contempla un manual de instrucciones. La reciente obsesión legislativa por convertirla en requisito previo ha acabado dejando, en demasiadas ocasiones, un resultado pintoresco: reuniones formales, actas protocolarias, firmas apresuradas y rumbo directo al juzgado. Es decir, exactamente lo mismo de antes, pero con una parada intermedia para justificar la estadística.

Especialmente llamativo resulta el ámbito penal. La querella se ha convertido en ocasiones en una herramienta de combate político, empresarial o personal. Basta observar la vida pública española. Políticos denunciándose mutuamente con una frecuencia que haría pensar a un observador extranjero que vivimos en una mezcla entre un Estado de Derecho y un capítulo permanente de Juego de Tronos. Querellas que ocupan portadas durante semanas y que después terminan archivadas discretamente en una esquina del boletín judicial que nadie lee. Pero el objetivo ya se ha cumplido: desgaste mediático, titulares y sospecha pública.

Porque querellarse sale barato. Y cuando algo sale barato, se utiliza sin demasiada reflexión.

La ausencia de consecuencias económicas reales para quienes impulsan procedimientos manifiestamente inconsistentes genera un incentivo perverso. Si el coste de lanzar una acusación es reducido y el beneficio político, empresarial o estratégico puede ser enorme, el resultado es evidente: el litigio se convierte en un arma más del arsenal.

Y así, los flamantes Tribunales de Instancia reciben cada día reclamaciones, denuncias y querellas que jamás debieron abandonar una mesa de negociación, una mediación seria o, simplemente, una conversación entre adultos.

La Justicia debe ser accesible, sin duda. Pero también debe exigir responsabilidad. Porque cuando acudir a los tribunales se convierte en la primera opción en lugar de la última, el sistema deja de resolver conflictos para empezar a fabricarlos.

Y así nos va: una nación donde cada vez cuesta más encontrar acuerdos y cada vez resulta más fácil encontrar abogados, procuradores, peritos y periodistas esperando en la puerta del juzgado para narrar el siguiente capítulo del sainete.