Que actúe el fiscal contra Colau

La Fiscalía de Barcelona debe tomar cartas en el asunto ante el último dislate de Ada Colau. A la alcaldesa de la capital catalana no se le ha ocurrido otra cosa que abrir un buzón para recibir fotos y vídeos que identifiquen a policías que participaron en el referéndum ilegal del 1 de octubre que había prohibido el Tribunal Constitucional. Este señalamiento público de los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podría suponer una violación de la Ley de Seguridad Ciudadana, algo que tendría que investigar a fondo el fiscal dada la gravedad que podrían constituir dicha iniciativa.

La ley considera muy grave el uso no autorizado de imágenes o datos personales  o profesionales de autoridades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En primer lugar, porque pone en riesgo la integridad de los propios agentes. Por otro lado, también supone un peligro más que evidente para la seguridad de sus propias familias, de las instalaciones protegidas o, incluso, para el correcto desempeño de una determinada acción policial. Dada su manera de proceder, Colau parece obsesionada con criminalizar a unos agentes que fueron a Barcelona con la única intención de preservar la unidad de España.

Profesionales que actuaron con total proporcionalidad y siempre ajustados al estricto cumplimiento del Estado de Derecho y que con esta irresponsable exposición que intenta fomentar la alcaldesa podrían sufrir un auténtico infierno tanto en su vida profesional como, lo que es peor, en su vida familiar y privada. Si Colau cree —como dice— que con semejante iniciativa “garantiza los derechos de todos y ayuda a construir una sociedad más justa y cohesionada” es que tiene bastante distorsionado el concepto de ‘justicia’.  La Fiscalía de Barcelona ha de actuar antes de que las identidades de miles de personas —los agentes y sus familias— estén expuestas ante las acciones incontrolables de los radicales.