La hipocresía de quienes hablan de «retroceso»

Ha vuelto a ocurrir en Andalucía. La entrada de VOX en el Gobierno ha bastado para que la izquierda vuelva a agitar el fantasma del «retroceso», sin necesidad de esperar a las decisiones, a las medidas o siquiera a los resultados. El simple hecho de que VOX asuma responsabilidades parece ser, para los súbditos del infiel, prueba suficiente de que todo irá a peor.

El PSOE ha acusado a la Junta de poner en riesgo las políticas contra la violencia machista después de que las competencias sobre las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género hayan quedado integradas en la Consejería de Justicia y Administración Local que dirige Manuel Gavira, vicepresidente del gobierno autonómico y de VOX. Como broche, el Ministerio de Igualdad anuncia ahora un comité de crisis en Andalucía, convirtiendo una vez más a las víctimas en munición partidista.

La acusación de «retroceso» a manos de la agonizante izquierda resulta todavía más difícil de digerir cuando Andalucía acumula 291 mujeres asesinadas por violencia de género desde 2003 y en 2026 ya son diez las víctimas contabilizadas, encabezando Andalucía el número de asesinatos de este tipo en España. Son 23 años de leyes, planes, protocolos, campañas, organismos, subvenciones y recursos públicos. Nadie niega que muchos de esos servicios sean necesarios ni que miles de mujeres hayan recibido atención. Pero precisamente por eso hay que ser honestos y preguntarse qué funciona y qué no, porque, a la vista está, gastar más no equivale necesariamente a proteger mejor.

La dosis de hipocresía política en quienes ahora se presentan como guardianes de la seguridad de las mujeres es pasmosa. Hablamos de quienes durante años han defendido políticas migratorias, esas que VOX ha denunciado como efecto llamada de la inmigración ilegal, mientras se intensifica el fuerte incremento de los delitos contra la libertad sexual. Según los datos del Ministerio, entre 2017 y 2024 las agresiones sexuales con penetración aumentaron un 277%.

Imposible olvidar la llamada ley del ‘solo sí es sí’ y que no fue precisamente VOX quien aprobó aquella reforma. El resultado judicial fue inequívoco, contabilizando el CGPJ hasta noviembre de 2023 1.233 reducciones de pena y al menos 126 excarcelaciones derivadas de la Ley Orgánica 10/2022.

Suma y sigue al cinismo; también están las pulseras telemáticas del sistema Cometa, concebidas para controlar a agresores con órdenes de alejamiento y reforzar la protección de las víctimas. Durante meses se denunciaron fallos en estos dispositivos y técnicos del propio servicio alertaron de problemas relacionados con su calidad y resistencia. El asunto llegó incluso al CGPJ, que trasladó incidencias al Gobierno en 2025. La respuesta fue aprobar en enero de 2026 un nuevo contrato para el servicio Cometa, con un presupuesto base de 71,3 millones y un valor estimado de hasta 111,1 millones de euros. O dicho de otra manera, seguir malgastando dinero en un sistema defectuoso.

Cuando falla un mecanismo que debe proteger a una mujer frente a un agresor, la respuesta debería ser revisar qué ha ocurrido, exigir responsabilidades y corregirlo. No negar el problema ni convertir cualquier crítica en un ataque a las políticas de protección. Por eso resulta especialmente llamativo que quienes han orquestado este infructuoso entramado pretendan presentar ahora como un «retroceso» que VOX asuma responsabilidades de gestión.

Datos irrefutables

La evolución andaluza no dibuja precisamente una línea de éxito. 7 víctimas en 2017, 12 en 2018, 15 en 2019, 16 en 2023 y 14 en 2025. En 2026, con diez mujeres asesinadas confirmadas a 7 de agosto, Andalucía vuelve a situarse a la cabeza de las comunidades autónomas, haciendo imposible consolidar una tendencia descendente.

Como dato especialmente preocupante, la propia Junta reclamó este año revisar los protocolos de valoración del riesgo después de que dos mujeres asesinadas hubieran sido catalogadas como de «riesgo bajo», abriendo las puertas a un debate crucial acerca de si se está identificando correctamente a las mujeres que realmente están en peligro.

Las cifras deberían, cuanto menos, hacer saltar las alarmas. El programa estatal de actuaciones para la prevención integral de la violencia de género movilizó 259,7 millones de euros en el presupuesto prorrogado de 2024. Sin embargo, solo 40,2 millones –el 15,5%– aparecen identificados expresamente como atención a mujeres víctimas. El 84,5% restante se canaliza mediante transferencias a comunidades autónomas y entidades locales, estructuras administrativas, programas, prevención, formación, campañas, estudios y subvenciones.

El dato revela la enorme desproporción entre lo que el propio presupuesto identifica como atención directa a las víctimas y el volumen de recursos destinado a sostener toda la arquitectura creada alrededor de estas políticas.

Ante este tablero, Igualdad no responde cuánto cuesta realmente esta maquinaria y cuánto de cada euro acaba convertido en protección efectiva. Mientras, el entramado administrativo, institucional y asociativo no deja de crecer, evidenciando que las víctimas siguen necesitando protección que funcione cuando realmente la necesitan. Algo mucho más sencillo que un nuevo eslogan o un nuevo organismo.

Y si algunos de esos recursos sostienen los llamados chiringuitos progresistas, que sean los datos, y no las consignas, los que determinen cuáles aportan resultados y cuáles simplemente sobreviven año tras año a costa de los españoles. Eso es precisamente lo que VOX lleva años reclamando con propuestas de fiscalización del gasto y evaluación de las políticas.

Después de 291 mujeres asesinadas y 23 años de políticas específicas, lo que el PSOE no debería hacer es convertir la mera presencia de VOX en una amenaza, porque «Señorías», si cuestionar un modelo que no ha conseguido una reducción sostenida de los asesinatos es “retroceder”, quizá lo verdaderamente progresista sea atreverse a cambiarlo.