El Gobierno nunca puede ser cómplice de un terrorista

La feliz noticia de la detención del asesino de niños Josu Ternera se ve empañada por la exclusiva que aporta hoy OKDIARIO a sus lectores: el terrorista podría haber sido encarcelado mucho antes. Si en el año 2011 esta detención finalmente no se produjo fue debido -según las pesquisas de la juez francesa Laurence Levert- a que Ternera recibió un chivatazo telefónico que le permitió huir de un apresamiento inminente. Todo indica que detrás de esta llamada estaban los servicios secretos españoles que, a su vez, cumplían órdenes del Gobierno socialista, en negociación por entonces con la banda terrorista ETA.

Sobre la figura de este histórico criminal con decenas de muertes a sus espaldas se han entrecruzado dos líneas, la actuación política y la actuación policial, que en todo Estado de Derecho han de estar estrictamente delimitadas y separadas. No cedemos al maximalismo naif cuando sostenemos que, ante individuos del jaez de Ternera, todo lo que hay que hacer -aplicando el máximo de intensidad judicial y policial posible- es perseguirlos, detenerlos y encarcelarlos.

No caben aquí cambalaches políticos porque una democracia, por definición, nada tiene que negociar con delincuentes; hacerlo implica dar pie a que sobre la agenda pública se imponga un siniestro juego de intereses. El resultado es por todos sabido; se resiente la elemental virtud de la justicia que sostiene todo nuestro edificio constitucional, mientras que los terroristas ganan tiempo, prebendas y legitimidad para sus crímenes.

En la lucha de los Gobiernos españoles contra ETA hubo episodios que han mermado la confianza de los ciudadanos en el rigor y transparencia de nuestro sistema democrático. La detención de Ternera, y todo el proceso judicial que vendrá a continuación, será la ocasión perfecta para demostrar que estas zona de sombra son parte definitiva del pasado.