Dime con quién andas…

Dime con quién andas y te diré quién eres. El refranero español tiene sentencias para todo. Algunas de ellas definen perfectamente la catadura ética y moral de los independentistas catalanes. Los golpistas tienen una particular tendencia a contar con abogados que poseen currículos cuanto menos cuestionables. Es el caso de Oriol Junqueras y los Jordis. Los tres presidiarios han contratado al británico Ben Emmerson, especialista en defender a criminales de guerra y yihadistas. Con él pretenden comparecer ante la ONU por “violación de derechos humanos”. Habría que preguntarle al letrado cómo va a defender a unos pirómanos de la política que desobedecieron al Tribunal Constitucional durante el 1 de octubre o que declararon una república fantasma en lo que supuso un ataque frontal contra la Carta Magna. 

Un marco legal, el español, que como ha dicho el propio presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, es compartido y respaldado por la Unión Europea. Hay que reconocer, no obstante, que en una asepsia total de escrúpulos, Ben Emmerson es capaz de lidiar con casos muy complicados. Por sus manos ha pasado la defensa del clérigo yihadista Abu Qatada al-Filistini, considerado el principal líder espiritual de Al Qaeda en Europa. También ha prestado sus servicios al actual ministro de Kosovo, Ramush Haradinaj, procesado por el Tribunal Internacional debido a crímenes de guerra. Y sin embargo, salió absuelto. 

Ben Emmerson también ha llevado de manera exitosa la defensa de gente tan poco ejemplar como Julian Assange, acusado de violación y agresión sexual. Incluso representó al cuñado de Muamar el Gadafi, acusado de asesinato. Una ristra de nombres polémicos a los que ahora se unen tanto Junqueras como los Jordis. Tendencia que ya inició el prófugo Carles Puigdemont cuando contrató a Paul Beckaert, letrado experto en obstaculizar la extradición de terroristas de ETA a España. Siempre al borde de la ley, y siempre retorciéndola hasta el último recodo, tal y como han hecho los separatistas. Hasta la segunda línea de los golpistas, caso de Toni Comín, se puso en manos de Gonzalo Boye, condenado por colaborar con ETA. En definitiva, contratados que retratan a los contratantes.