Custodios de lazo amarillo

Desde que fue proclamado presidente con el apoyo del frente antiespañol, la labor de Pedro Sánchez se ha cifrado en el postureo instagramático por todos conocido, el de las gafas de sol en el avión y la (auto)determinación de sus manos, y el pago de los primeros plazos de la deuda contraída con podemitas e independentistas. Así, el enaltecimiento del sectarismo en que está consistiendo la renovación de los consejeros de TVE, ese ominoso menudeo que involucra a la más selecta chusma de Twitter, ha alternado con el obstinado empeño en mirar para otro lado en el caso catalán. A nuestro Kennedy de pacotilla no se le ha oído una sola palabra de apoyo al embajador Morenés luego de que éste pusiera en su justo lugar al fantoche que tenemos por president durante el acto del Smithsonian, ni se le ha conocido un mohín por la reapertura de unas embajadas cuya función primordial ha sido y es poner bajo sospecha a España, ni ha pestañeado ante el nombramiento de Meritxell Serret, huida de la justicia española, como delegada de la Generalitat en Bruselas —yo misma la he visto departir con otros nacionalistas en el Parlamento Europeo, y con una ufanía que ya querría yo para quienes representan, o dicen representar, nuestros intereses—.

Mas lo que hasta ahora venía siendo omisión ha pasado a ser acción. No en vano, la más reciente concesión a quienes aspiran a quebrar de una vez y para siempre el orden constitucional, es el acercamiento de seis presos del 1-O a Cataluña, una medida cuya sola semántica, calcada de la fraseología etarra, constituye una afrenta. Con todo, lo sustancial es que en adelante Junqueras y compañía, en tanto que reclusos de cárceles catalanas, estarán bajo la custodia de la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat, es decir, de la misma estructura de poder que anima y financia la campaña por su libertad. En otra de las paradojas del procesismo, en efecto, el cuerpo de funcionarios que gestionará la estancia en prisión de quienes han sido encausados por rebelión, y las entidades que se manifiesten extramuros por su libertad, convirtiendo los centros en focos permanentes de agitación, se hallan bajo la misma tutela administrativa.

Y nadie encarna mejor semejante contrariedad que el director general de Servicios Penitenciarios, Amand Calderó i Monfort, nombrado por el ex consejero de Justicia Carles Mundó, y que luce habitualmente un lazo amarillo en la solapa. En tales circunstancias, ¿alguien en su sano juicio cree que los golpistas no obtendrán prebenda alguna? (Además, obviamente, de la que ya supone el traslado.) ¿Alguien cree, en fin, que un Govern que ha hecho bandera del incumplimiento de la ley no va a premiar a quienes la han infringido con un régimen de privilegio?

Por de pronto, y en merecida respuesta a la confianza de Sánchez en que su política apacigüe al nacionalismo, el xenófobo —de guardia— Torra ya ha declarado que considera una perversión que  Cataluña deba hacer de guardián de sus presos políticos, refrendando así un artículo en idéntico sentido de uno de los principales talibanes del régimen, Vicent Partal, entre cuyas perlas, recordemos, figura la acusación al PSC de partido fascista —literalmente— y la insinuación de que el Gobierno español estaba detrás del atentado islamista del 17-A. En resumidas cuentas, la gracia —en la doble acepción— de Sánchez no servirá para nada que no sea envalentonar a los sediciosos y reafirmarlos en sus convicciones.