La batalla de la plusvalía: la oportunidad de Vox

Sin lugar a dudas, la noticia fiscal más importante de la semana pasada fue el anuncio de la sentencia del Tribunal Constitucional que anula algunos artículos de la Ley de Haciendas Locales relativos al cálculo del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, popularmente conocido como plusvalía municipal. La reacción de la prensa servil con el régimen ha sido unánime: en lugar de celebrar una victoria de los ciudadanos frente al fisco, sólo han destacado la pérdida recaudatoria que ocasionará la sentencia a los ayuntamientos (¡pobres ayuntamientos!). El Gobierno no ha tardado mucho en anunciar que se trabajará en una solución normativa para volver a dar plena vigencia al impuesto. Más allá, el alcalde de Madrid se ha quejado de la imprevisión del Gobierno al respecto. Al parecer, el alcalde capitalino no tiene nada que cuestionar del impuesto. Al igual que a otros socialistas de todos los partidos, lo único que le preocupa es la pérdida recaudatoria.

El impuesto de plusvalía municipal constituye hoy un gravamen muy pesado en la vida de la gente. Se paga al transmitir o heredar un bien. Allí donde las buenas políticas han logrado suprimir el impuesto de sucesiones entre padres e hijos, la plusvalía obliga a pagar grandes cantidades de dinero a la gente cuando se mueren sus personas más cercanas, de modo que heredar sigue siendo muy gravoso por culpa de la plusvalía. Por otra parte, la plusvalía convierte en una operación muy compleja el cambio de residencia de mucha gente: en España vendes una casa por 100, y te compras otra por los mismos 100 y no puedes hacerlo sin añadir un diez por ciento para impuestos.

Pese a la dureza del impuesto, ningún partido asentado lo cuestiona. Sólo un partido nuevo y sin las ataduras clientelares del poder, ha propuesto suprimirlo. Tal es el caso de Vox, que desde su ascenso meteórico en el otoño de 2018 dejó claro en sus famosas “cien medidas para España” que quería suprimir el impuesto de plusvalía municipal.

Una postura que se puede defender en dos frentes. Por un lado, cuando se discuta en las Cortes el nuevo impuesto, puede votar que no y dejar en evidencia al PP apoyando el impuesto. Por otro, hay que recordar que la plusvalía es un impuesto potestativo: la Ley de Haciendas locales exige a los Ayuntamientos cobrar el IBI, el IAE y el impuesto de circulación, pero la plusvalía la puede cobrar o no cada Ayuntamiento (Art. 59), y de hecho existen ayuntamientos que no la cobran. Vox podría llevar en su programa para las próximas municipales la supresión de la plusvalía en todos aquellos ayuntamientos donde logre gobernar o determinar el Gobierno municipal. Evidentemente, ello implicaría reducir los gastos municipales en la cuantía suficiente para prescindir del ingreso de la plusvalía, cosa que Vox también debe atreverse a defender.

Dado que la práctica totalidad de partidos con representación parlamentaria tienen importantes intereses municipales creados (gastos superfluos, empleados públicos vinculados a los partidos, contratos públicos no siempre necesarios a favor de empresarios de la red), ningún partido va a querer suprimir dicho impuesto. En cuanto haya respaldo normativo, volverán a cobrarlo. La única esperanza para combatir la plusvalía hoy por hoy es Vox, el único que se opone a este impuesto.

La situación generada por la sentencia del TC es una oportunidad para Vox. Una oportunidad que puede hacerle único en las próximas municipales, abriendo un nuevo cauce de desplazamiento de voto hacia Vox (también desde la izquierda).