Batalla judicial por la caza: Madrid levanta la suspensión a nueve aves y Castilla y León veta a cinco

• Antonio Quilis @AntonioQuilis
• Periodista especializado en información medioambiental desde hace más de 20 años y ahora director de OKGREEN en OKDIARIO. Anteriormente director de El Mundo Ecológico. Colaborador en temas de medioambiente, ecología y sostenibilidad en Cadena Ser.
• • 06/11/2026 15:06
  • Actualizado: 06/11/2026 15:06

La temporada de caza se está decidiendo este otoño en los juzgados. Dos autos dictados el mismo día, el 4 de noviembre, por los tribunales superiores de justicia de Madrid y de Castilla y León han llegado a conclusiones opuestas ante sendos recursos de SEO/BirdLife contra las órdenes de vedas autonómicas.

Mientras el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha levantado la suspensión cautelar de la caza de nueve especies de aves, el de Castilla y León (TSJCyL) ha fijado provisionalmente un cupo de cero capturas para cinco especies, una decisión que la Real Federación Española de Caza (RFEC) combatirá en los tribunales.

La judicialización de las temporadas cinegéticas será uno de los ejes de la entrevista que OKGREEN publicará este domingo, 8 de noviembre, con el presidente de la RFEC, Josep Escandell, quien ya ha adelantado su diagnóstico en el plató de OKDIARIO.

«No se nos ha consultado»

«El fondo de la cuestión es que los tribunales se han posicionado en cuanto a unas medidas de contención o unas medidas que ellos han considerado de emergencia cautelar, cautelarísimas y, además, no se nos ha consultado a los cazadores para contraponer los datos», ha señalado Escandell.

El presidente de la Federación apunta así a uno de los reproches que el sector repite en cada nuevo frente judicial: que las medidas se adoptan sin audiencia previa de la Administración ni de los colectivos afectados, y sin que los datos de campo de los cazadores lleguen a pesar en la decisión.

Ese contraste de datos es precisamente lo que ha inclinado la balanza en Madrid, donde el tribunal ha escuchado a todas las partes antes de pronunciarse y ha acabado dando la razón a la principal pretensión formulada por la RFEC en sus alegaciones.

Nueve especies en Madrid

Mediante un auto judicial dictado el 4 de noviembre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM ha dejado sin efecto la medida provisionalísima que acordó el pasado 6 de octubre a petición de SEO/BirdLife, en el recurso contra la orden de vedas de la Comunidad de Madrid.

Aquella suspensión cautelar de la caza afectaba a la becada, la codorniz común, la paloma zurita, el zorzal alirrojo, el zorzal real, la corneja negra, la paloma bravía, la perdiz roja y la urraca, en plena temporada y en vísperas de los tradicionales pasos de otoño.

Para levantarla, el tribunal ha examinado los argumentos de la Comunidad de Madrid, la RFEC, la Federación Madrileña de Caza y la Fundación Artemisan, así como la documentación científica incorporada al procedimiento.

Las poblaciones, no los ejemplares

El auto establece que la cuestión determinante no es la irreversibilidad de la muerte de cada ejemplar, sino si el ejercicio de la caza compromete la conservación y viabilidad de las poblaciones de las especies afectadas.

Además, la Sala considera que los informes científicos aportados por la Administración autonómica y la Fundación Artemisan contradicen las afirmaciones de la organización recurrente y que el perjuicio irreversible alegado no ha quedado suficientemente justificado.

El tribunal subraya también la necesidad de ponderar, junto con la conservación de las especies, los intereses económicos del sector cinegético y las repercusiones sobre el sector agrario y la seguridad aérea y sanitaria, más allá de las capturas individuales.

Rigor científico y seguridad jurídica

La RFEC, que se personó en el procedimiento para pedir el levantamiento de la suspensión, interpreta la resolución como un importante respaldo a sus argumentos jurídicos y científicos, al cuestionar que los informes de SEO/BirdLife justificasen una medida de semejante trascendencia.

Para la Federación, el auto pone de manifiesto la importancia del rigor científico, la proporcionalidad y la seguridad jurídica a la hora de adoptar medidas que afectan a una actividad legal y regulada, así como la necesidad de valorar los perjuicios de su suspensión.

La entidad recuerda, no obstante, que el levantamiento de la medida cautelar no supone el final del procedimiento judicial, que continuará hasta que se resuelva el recurso interpuesto contra la orden de vedas de la Comunidad de Madrid.

Cupo cero en Castilla y León

En Castilla y León ha ocurrido lo contrario. El TSJCyL, también en un auto del 4 de noviembre y a raíz de otro recurso de SEO/BirdLife, ha establecido provisionalmente un cupo de cero ejemplares para la becada, la avefría europea, la agachadiza común, la agachadiza chica y el silbón europeo.

La medida, adoptada sin escuchar previamente a la Administración autonómica, impide en la práctica el aprovechamiento cinegético de esas cinco especies. La becada, que también figura en la lista madrileña, es así el ave que une los dos frentes judiciales.

La propia organización reconoce en su recurso que suspender la orden impugnada no impediría la caza, porque las especies y sus periodos hábiles están fijados por la Ley 4/2021 de Castilla y León. Por eso, en lugar de la suspensión, pidió que el tribunal sustituyera los cupos por otros de cero ejemplares.

Una justificación «especialmente rigurosa»

La RFEC considera especialmente grave que la medida cautelar no se limite a suspender la orden recurrida, sino que intervenga directamente sobre su contenido, sustituyendo los cupos de la Administración por una prohibición de facto de la caza de cinco especies.

«Una intervención judicial de semejante alcance exige una justificación especialmente rigurosa, así como el pleno respeto a los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica», afirma Tomás Manzano, secretario general de la RFEC y asesor jurídico.

La Federación plantea además interrogantes sobre los límites de las medidas cautelares y sobre hasta qué punto las disposiciones judiciales pueden sustituir las competencias de la Administración en la regulación de la actividad cinegética.

«Se ha perdido el rumbo»

La RFEC lamenta también que el auto califique la caza como una práctica meramente «lúdica», obviando su dimensión económica, social y ambiental y los perjuicios que estas decisiones ocasionan a los cazadores, a las sociedades de caza y a la gestión del medio natural.

La entidad muestra su preocupación por la reiteración de estas ofensivas de SEO/BirdLife empleando las sedes judiciales como palanca, que ya se han sucedido en Madrid y en Canarias y que ahora alcanzan a Castilla y León.

«Se ha perdido el rumbo. Estas medidas no tienen nada que ver con la conservación. Las estrategias y tiempos que estamos identificando en las acciones de SEO/BirdLife persiguen únicamente maximizar el daño al sector cinegético», declara Escandell.

Acciones legales

La RFEC, en representación de todas las federaciones autonómicas, se personará en el procedimiento y ejercerá junto a la Federación de Caza de Castilla y León cuantas acciones legales resulten necesarias, sin descartar ninguna de las vías que ofrece el ordenamiento jurídico.

La Federación considera que los razonamientos del auto madrileño resultan especialmente relevantes ante las suspensiones cautelares promovidas en otras comunidades autónomas, como Castilla y León, donde también actuará en defensa del sector.

Su compromiso, subraya, es defender la actividad cinegética frente a actuaciones que considera injustificadas y desproporcionadas, siempre desde el rigor científico, la seguridad jurídica y el respeto a la legalidad.

Los datos de los cazadores

Para ganar esa batalla en los juzgados, la RFEC insiste en que los cazadores participen activamente en iniciativas científicas como el Observatorio Cinegético, el Proyecto Zorzales, el Proyecto Coturnix, PIRTE, RUFA o Aquaves, entre otros.

Esa colaboración, explica la Federación, es fundamental para disponer de información científica sólida sobre las poblaciones de especies cinegéticas que permita defender ante las administraciones y los tribunales la sostenibilidad de la caza y garantizar su continuidad.

Esos datos son, en definitiva, lo que Escandell echa en falta cuando los tribunales adoptan medidas cautelarísimas: los datos de los cazadores para contraponerlos. El presidente de la RFEC profundizará en ello en la entrevista que OKGREEN publicará este domingo.