Australia demanda al gigante 3M por 1.200 millones al contaminar bases militares con químicos eternos

• Antonio Quilis @AntonioQuilis
• Periodista especializado en información medioambiental desde hace más de 20 años y ahora director de OKGREEN en OKDIARIO. Anteriormente director de El Mundo Ecológico. Colaborador en temas de medioambiente, ecología y sostenibilidad en Cadena Ser.
• • 01/06/2026 14:06
  • Actualizado: 01/06/2026 14:06

Las sustancias más persistentes que conoce la química moderna siguen encontrando nuevos frentes judiciales y pone en el objetivo de nuevo a la multinacional 3M. El gobierno australiano ha presentado la mayor demanda de su historia contra el gigante industrial 3M, reclamando 1.200 millones de euros (2.000 millones de dólares australianos) por la contaminación con PFAS —conocidos como químicos eternos— en 28 bases militares repartidas por todo el país.

La fiscal general Michelle Rowland calificó la acción como la reclamación judicial más grande que haya presentado jamás el estado australiano. «Estamos preparados para enfrentar a una de las más grandes corporaciones multinacionales del mundo», declaró Rowland. La acusación central es que 3M comercializó espuma acuosa formadora de película (AFFF) con PFAS sin revelar información crítica sobre su toxicidad a las autoridades de defensa.

28 bases, 220.000 toneladas

El ministro adjunto de Defensa, Peter Khalil, detalló la magnitud del daño: las fuerzas armadas australianas han excavado unas 220.000 toneladas de tierra contaminada en sus instalaciones para frenar la dispersión de los químicos eternos a los ecosistemas cercanos. El ministerio también ha tratado 13.000 millones de litros de agua con PFAS desde que se detectó el problema.

El coste acumulado para el Departamento de Defensa asciende ya a 920 millones de dólares australianos —unos 560 millones de euros— solo en tareas de investigación, descontaminación y mitigación. El monto total reclamado a 3M incluye esos costes ya incurridos más una previsión de los gastos futuros de remediación.

La defensa de 3M

La multinacional respondió con un argumento llamativo: afirmó que dejó de vender productos AFFF en Australia hace casi dos décadas, y que el Departamento de Defensa australiano continuó utilizándolos durante aproximadamente veinte años más.

«3M jamás ha fabricado PFAS en Australia», precisó la compañía en un comunicado recogido por The Guardian, aludiendo a un reciente informe de comisión legislativa. La espuma extinción con PFAS de 3M fue ampliamente utilizada en bases aéreas y navales de todo el mundo desde los años 70.

Qué son los PFAS

Los PFAS son un grupo de más de 4.700 compuestos químicos sintéticos que no se descomponen en el medioambiente ni en el organismo humano, de ahí su denominación de químicos eternos.

La Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de la ONU ha vinculado el PFOA —uno de los PFAS más comunes— con el cáncer de testículos y de riñón, y clasifica el PFOS como posible carcinogénico para humanos.

El precedente en Estados Unidos

El caso australiano llega dos años después de que 3M cerrase en Estados Unidos uno de los mayores acuerdos medioambientales de la historia. En 2023, la compañía acordó abonar 10.300 millones de dólares a los proveedores públicos de agua contaminados con PFAS, en pagos distribuidos hasta 2036.

Un año después, en 2024, abonó otros 450 millones de dólares al estado de Nueva Jersey en un acuerdo separado. El patrón se repite: espuma de extinción con PFAS, infiltración en suelo y agua, y costes de descontaminación que terminan recayendo sobre el erario público.

Contaminación global

3M se comprometió al fin de su producción mundial de PFAS antes de 2025, en parte por la presión regulatoria acumulada en varios continentes. En Bélgica, una investigación de Greenpeace detectó niveles de químicos eternos 26 veces por encima de los límites permitidos en torno a una fábrica de la empresa en Zwijndrecht, cerca de Amberes, lo que derivó en un acuerdo de 571 millones de euros para descontaminar la zona.

El caso australiano consolida una tendencia global: los gobiernos que asumieron los costes de limpieza llevan ahora sus reclamaciones a los tribunales para exigir responsabilidades imperiosamente a quien fabricó y comercializó estas sustancias.