Aparcar en edificios será mucho más fácil para quienes se mueven en bicicletas y coches eléctricos

Ir a trabajar a la oficina, hacer la compra en un centro comercial o acudir a consulta al hospital serán pronto tareas mucho más sencillas para las personas que se desplazan en vehículos eléctricos y bicicletas. Todo gracias a una de las medidas previstas en la nueva Directiva Europea de Eficiencia Energética de los Edificios, o EPBD por sus siglas en inglés.

La normativa comunitaria obligará a instalar aparcamientos para bicicletas y puntos de recarga para coches eléctricos en los edificios no residenciales que tengan más de 20 plazas de estacionamiento a partir de 2027. Así se pretende eliminar uno de los principales obstáculos a los que se enfrenta la movilidad sostenible.

Nos referimos a la falta de puntos de recarga y de aparcamientos seguros para bicicletas en buena parte del parque inmobiliario español. La Unión Europea pretende corregir esta carencia incorporando estas infraestructuras tanto en los edificios ya existentes como en los de nueva construcción.

Recarga y aparcamiento

La citada directiva europea señala, en su artículo 14, que los edificios no residenciales con más de veinte plazas de aparcamiento para coches deberán contar, «a más tardar el 1 de enero de 2027», con alguna de las siguientes soluciones:

• Al menos un punto de recarga por cada diez plazas de aparcamiento para coches.
• Como alternativa, deberán instalarse canalizaciones para cables eléctricos que cubran al menos el 50% de las plazas de aparcamiento para coches, a fin de permitir la instalación en una fase posterior de puntos de recarga.
• Plazas de aparcamiento para bicicletas que representen como mínimo el 15% de la capacidad media o el 10% de la capacidad total de usuarios del edificio.

Edificios nuevos y reformas

Las exigencias son todavía mayores para los edificios no residenciales de nueva construcción y aquellos que sean objeto de una renovación importante, siempre que cuenten con más de cinco plazas de aparcamiento. En estos casos, la directiva obliga a instalar un punto de recarga por cada cinco plazas, en lugar de cada 10, como en el caso anterior.

También será necesario habilitar plazas para bicicletas en los términos ya referidos, realizar el precableado de al menos el 50% de las plazas de aparcamiento y habilitar canalizaciones para cables eléctricos en el resto, de forma que puedan instalarse nuevos puntos de recarga en el futuro sin necesidad de realizar grandes obras.

En el caso de los edificios que sean propiedad de organismos públicos o que estén ocupados por ellos, la directiva establece que, antes del 1 de enero de 2033, al menos el 50% de sus plazas de aparcamiento tendrán que contar con precableado para facilitar la implementación de puntos de recarga.

Más plazas electrificadas

La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive) realiza un completo análisis de la EPBD en su Anuario 2025-2026 de la Movilidad Eléctrica. Para dicha entidad, el objetivo inmediato de Europa es «alcanzar un 20% de plazas electrificadas en aparcamientos y un 50% de preinstalación».

Para trasladar esta directiva al marco normativo español, se está trabajando en la reforma del Código Técnico de la Edificación (CTE), cuyo borrador ya contempla el incremento de plazas electrificadas y de la correspondiente preinstalación en aparcamientos.

«La consecuencia práctica de estas medidas es llamativa, ya que todavía existe un número elevado de aparcamientos que no han cumplido con las exigencias del CTE vigente, que obliga a electrificar un 2,5% de las plazas cuando se superan las 20», remarca la asociación.

Requerimientos legales

Por otro lado, Aedive reconoce que el sector de la electromovilidad es consciente de que hace falta un mínimo de requerimientos legales como los que fija la EPBD para impulsar la movilidad sostenible.

«Dejar la implantación en manos de la autorregulación del mercado, basada únicamente en la demanda puntual de infraestructura de recarga por parte de los operadores, no permitirá alcanzar los objetivos europeos de electrificación. De hecho, podría ensancharse aún más la brecha que ya separa a España de otros países europeos en esta materia», reconoce.

Sin embargo, augura que el mercado «demandará a los fabricantes soluciones de recarga alternativas más imaginativas y menos costosas que la instalación de cargadores en cada plaza o en cada dos plazas».

Movilidad sostenible y trabajo

La Ley de Movilidad Sostenible española también incorpora diversas medidas destinadas a aumentar los puntos de recarga y de aparcamientos para bicicletas. Una de las más destacadas entrará en vigor el próximo 5 de diciembre.

Para esa fecha, las empresas y las entidades del sector público con centros de trabajo de más de 200 personas trabajadoras o de 100 por turno habrán de disponer de planes de movilidad sostenible al trabajo.

Empleados y visitantes

Estos planes deberán atender no sólo a las necesidades de los empleados, sino también a las de visitantes, proveedores y cualquier otra persona que acceda al centro de trabajo.

Asimismo, incorporarán medidas conforme al principio de jerarquía establecido por la ley, que prioriza la movilidad activa (a pie o en bicicleta), el transporte colectivo, la movilidad de bajas o cero emisiones, las soluciones compartidas y el teletrabajo.

Comunicación y seguimiento

Las empresas estarán obligadas además a comunicar el plan de movilidad sostenible, sus revisiones y los informes de seguimiento a la autoridad competente de su comunidad autónoma, que será la encargada de trasladar estos datos al Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM).

Esta plataforma pública integra información sobre movilidad de administraciones, operadores y gestores de infraestructuras para facilitar su análisis, mejorar el diseño de las políticas públicas y poner estos documentos al alcance de la ciudadanía.