El Gobierno de Asturias sopesa comprar chalets en primera línea de playa para combatir la escasez de vivienda

• Paula Ciordia @paulaciordia
• Periodista y filóloga | Vox | Inmigración | Wokismo | Taurina en Entre Pitones | paula.ciordia@okdiario.com
• • 10/06/2026 05:49
  • Actualizado: 10/06/2026 05:49

El Gobierno asturiano del PSOE e IU estudia imponer la prioridad de compra de la Administración autonómica en las denominadas «zonas de mercado restringido». Una nueva invención, en esta ocasión por parte de Comisiones Obreras (CCOO), que permitiría, en la práctica, al Principado adquirir chalets unifamiliares y segundas residencias en enclaves turísticos costeros previamente catalogados como tensionados, convirtiendo al Estado en comprador preferente frente a cualquier particular.

Tras la polémica de privilegiar al colectivo de lesbianas asturianas con viviendas públicas si tienen más de 55 años, el Ejecutivo de Adrián Barbón ha incendiado de nuevo la polémica en el sector inmobiliario.

CCOO exige prioridad estatal para comprar viviendas

La prioridad de compra por parte de la Administración ha sido impulsada por CCOO en las alegaciones presentadas durante el trámite de información pública del anteproyecto de ley. El sindicato se inspira directamente en la figura de «zonas tensionadas» del Gobierno de Pedro Sánchez, cuyas medidas han sido ampliamente criticadas por sus resultados contraproducentes: en Barcelona, los precios del alquiler no solo no han bajado, sino que la oferta se ha desplomado y los valores se mantienen al alza pese a los controles.

La futura Ley de Ordenación Integral del Territorio de Asturias (LOITA) nace del ala más intervencionista del Ejecutivo de Barbón, la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos. Tal y como adelantó el consejero de IU, Ovidio Zapico, las «zonas de mercado restringido» defendidas por CCOO serán incorporadas al texto definitivo, que se prevé aprobar antes de finales de junio para su remisión a la Junta General.

Las zonas polémicas en Asturias

La medida llega en un contexto de fuerte debate sobre el intervencionismo estatal en la vivienda y genera inquietud entre miles de familias y propietarios asturianos que ven cómo el Gobierno autonómico pretende convertirse en el gran comprador de sus inmuebles en las zonas más demandadas.

Este mes se ha completado la primera fase de declaración de zonas tensionadas en Asturias: 12 enclaves repartidos en cinco concejos, todos ellos de marcado carácter turístico.

Se trata de Poo, Barro, Celeriu, Nueva, Posadas y Llanes (en el concejo de Llanes); Arenas y Po (en Cabrales); Cimadevilla y La Arena (en Gijón); Luanco (en Gozón) y La Magdalena (en Avilés). Las de Llanes, Luanco y Avilés destacan por su turismo de sol y playa en la costa cantábrica, mientras que las de Cabrales se encuentran en pleno corazón de los Picos de Europa. La mayoría son núcleos pequeños donde predominan viviendas unifamiliares, villas y segundas residencias.

Vox denuncia «comunismo inmobiliario»

Vox califica la iniciativa como un paso hacia el «comunismo inmobiliario», al convertir al Estado en comprador prioritario frente al ciudadano privado. Desde el Ejecutivo de ultraizquierda, sin embargo, defienden que «no perjudicará a nadie». El portavoz del PSOE y consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, aseguró este lunes en La Nueva España que «no supone una limitación de la propiedad privada, porque el comprador va a cobrar el precio pactado con un tercero».

Precisamente este miércoles, la presidenta y portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, interpelará directamente al presidente Barbón para denunciar la propuesta, que, según la formación, amenaza la propiedad privada y la libertad de mercado. López pondrá el foco en el artículo 223 de la norma, cuyo punto 2 recoge expresamente «la delimitación de áreas sujetas a los derechos de tanteo y retracto» y «las expropiaciones para la constitución de reservas regionales de suelo».

El objetivo declarado de Barbón es aprobar el anteproyecto de LOITA antes del 30 de junio de 2026, aunque fuentes consultadas por OKDIARIO advierten de que será muy difícil cumplir los plazos antes de que concluya la legislatura.

PSOE e IU defienden la ley como instrumento para «proteger el uso residencial de la vivienda, dificultar las prácticas especulativas y reforzar la capacidad de intervención pública en el mercado inmobiliario».