El rey emérito presenta una declaración para regular su situación fiscal y Moncloa, acepta

El rey emérito ha vuelto a hacer un movimiento que le pone en el punto de mira. Desde el pasado 4 de agosto de este mismo año cuando anunció que se marchaba de España, lo que se ha sabido del padre del rey Felipe VI ha sido con cuentagotas. Tras varios rumores sobre cuál sería su paradero, finalmente, Casa Real daba a conocer que don Juan Carlos se encontraba en Abu Dabi. «El rey don Juan Carlos ha indicado a la Casa de Su Majestad el Rey que comunique que el pasado día 3 del presente mes de agosto se ha trasladado a Emiratos Árabes Unidos, donde permanece en la actualidad», se explicó en el esperado comunicado. Han pasado más de tres meses y parece que el que fuera rey de España tiene la intención de volver, pero no sin antes regulando su situación fiscal dentro del marco legal.

‘El país’ ha dado ha conocer esta petición por parte de don Juan Carlos, asegurando que la intención no es otra que regular su situación fiscal. El escrito por parte de su abogado se está analizado, por lo que Hacienda debe responder en los próximos días si acepta o no dicha regulación o solicita otro tipo de requerimientos y cuál es el importe a pagar. Fuentes conocedoras del caso, confirman que la declaración no está relacionada con sus posibles bienes en el extranjero, pero sí con las tarjetas bancarias por parte del emérito y sus familiares con fondos opacos del empresario mexicano, Allen Sanginés-Krause, que en estos momentos está siendo investigado por la Fícalia del Tribunal Supremo.

El dinero de esas tarjetas pertenecía a Krause, que presuntamente lo puso a total disposición del rey don Juan Carlos sin que este lo declarara a Hacienda. De ahí, que desde entonces varios miembros de la Familia Real puedan encontrarse en el punto de mira por haber utilizado ese dinero. Sin ir más lejos, hace un mes salió a la luz que la yegua de Victoria Federica, que costó 10.000 euros puede estar relacioanda con este caso. Sin embargo, el uso de las tarjetas se produjo entre 2016 y 2018, cuando el padre del rey Felipe ya había abdicado y perdido la inviolabilidad. A 120.000 euros asciende el importe que presuntamente habría defraudado, límite del cual se considera delito fiscal, castigado con hasta cinco años de cárcel.

Con este movimiento por parte del abogado del rey emérito, se intenta neutralizar la investigación abierta sobre este tema en la Físcalia del Supremo. Es necesario recordar que, la regulación voluntaria puede presentarse en cualquier momento antes de que la Agencia Tributaria abra una inspección o un juez cite declarar como investigado por presunto fraude fiscal, algo que supuestamente no había ocurrido todavía, pero que el fiscal anticorrupción sí llevaba investigando desde el pasado año.

Por otro lado, y pese a que la Agencia Tributaria aún no ha respondido, Pedro Sánchez ha trasladado internamente un mensaje desde La Moncloa. «La regularización fiscal es un derecho de todos los contribuyentes españoles», lo que quiere decir que al menos por parte de la Presidencia que encabeza Sánchez, acepta la regulación fiscal del rey emérito.