12 años del escándalo Nóos: así aborda Juan Carlos I la imputación de su hija en sus memorias

Doce años después de la primera imputación de la infanta Cristina en el caso Nóos, la publicación de Reconciliación, las memorias de Juan Carlos I, devuelve al primer plano uno de los episodios más turbulentos en la historia de la monarquía española. El emérito reconstruye, desde su propia mirada, el proceso que llevó a su hija al banquillo, el dolor generado dentro de la familia y el impacto que el escándalo tuvo en su reinado y en la imagen pública de la Corona. Su relato ofrece una mezcla de defensa, autocrítica parcial y reproches, con especial atención al papel del juez José Castro y a la manera en que, según sostiene, se vulneró la presunción de inocencia de Cristina de Borbón.

La historia se remonta a abril de 2013, cuando el juez Castro decidió imputar a la infanta pese a la oposición frontal del fiscal Pedro Horrach. La relación entre el instructor y el Ministerio Fiscal ya estaba tensionada desde hacía meses, pero la decisión de llamar a declarar a la hija del entonces Rey abrió un escenario completamente nuevo. Aunque la Audiencia de Palma levantó poco después esa primera imputación, sus magistrados recomendaron seguir investigando posibles delitos fiscales y de blanqueo, lo que allanó el camino para una segunda citación en enero de 2014. Aquel interrogatorio, de más de seis horas, marcó un hito histórico: nunca antes un miembro tan directo de la familia real se había sentado ante un juez por un caso de presunta corrupción.

El ambiente judicial y mediático que rodeó el proceso fue demoledor. En sus memorias, Juan Carlos I sostiene que la investigación contra su hija estuvo impulsada por «afán de notoriedad» y acusa al juez Castro de actuar con severidad desproporcionada, ignorando el criterio del fiscal y las declaraciones de funcionarios de Hacienda que, según el emérito, avalaban la inocencia de Cristina. El emérito insiste en que «la justicia es igual para todos» y rechaza que existiera cualquier intento de interferencia por parte de la Casa Real. Más aún: afirma que el parentesco real de Urdangarin y su esposa les perjudicó, al convertirlos en objeto de un escrutinio excepcional.

El caso Nóos había arrancado años antes como una derivada del Palma Arena, la macrocausa sobre los sobrecostes millonarios del velódromo impulsado por el gobierno de Jaume Matas. En esa documentación aparecieron los convenios entre Illesport y el Instituto Nóos, dirigido por Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres, entidad que supuestamente actuaba como un organismo sin ánimo de lucro pero que, según el juez, habría sido utilizada para desviar fondos públicos hacia una red de sociedades privadas. Uno de esos vehículos era Aizoon, la empresa compartida al 50% por Urdangarin y Cristina, cuya operativa fiscal se convirtió en el eje de la investigación.

La infanta siempre negó conocer las actividades presuntamente ilícitas de su marido, postura sostenida por la Fiscalía en todo momento. El fiscal Horrach, especialmente crítico con la imputación, llegó a preguntarse públicamente qué nuevo indicio había aparecido para justificarla, concluyendo que «absolutamente ninguno». El caso acabó con la absolución de Cristina, pero con la condena de Urdangarin, que ingresó en la cárcel de Brieva en 2018. Las consecuencias para la familia real fueron profundas. Juan Carlos I recuerda en sus memorias la dolorosa ausencia de su hija en su abdicación de 2014 y reprocha a Felipe VI haber retirado los derechos dinásticos de Cristina cuando cumplió 50 años, aunque admite que ella estaba dispuesta a renunciar voluntariamente. También lamenta la fractura familiar generada por el caso y reconoce que buscó proteger a la institución incluso al precio de alejar temporalmente a su propia hija.