Paloma Lago y su denuncia contra Villares, en punto muerto tras el archivo judicial

El caso que llevó a Alfonso Villares a abandonar la política da un nuevo giro. La jueza de Ferrol que investigó la denuncia por agresión sexual presentada por la presentadora Paloma Lago ha concluido las diligencias y ha determinado que «no da lugar al procesamiento» del ex consejero del Mar. Una decisión que marca un punto de inflexión en un asunto que sacudió la actualidad gallega a mediados de 2025 y que ahora queda en manos de la Audiencia Provincial de A Coruña, encargada de confirmar o revocar el criterio de la instructora.

La resolución judicial llega seis meses después de que Villares presentase su dimisión como miembro del Gobierno gallego. Lo hizo en junio, tras hacerse público que estaba siendo investigado por unos hechos que, según la denuncia, habrían ocurrido en diciembre de 2024 en el domicilio de Paloma Lago. Hasta entonces, el caso se había mantenido en un segundo plano, pero su trascendencia política y mediática fue inmediata en cuanto salió a la luz.

La renuncia del entonces consejero se produjo en una comparecencia urgente en San Caetano, sede de la Xunta de Galicia. Sin admitir preguntas y visiblemente serio, Villares explicó que daba un paso al lado para poder defenderse «como un ciudadano más», sin la condición de aforado que conlleva un cargo institucional. «Dimitir para defenderme de una denuncia de la que sé que soy totalmente inocente es una decisión muy difícil, pero estoy convencido de que es la correcta», afirmó entonces, insistiendo en que se trataba de un asunto de su esfera personal.

Desde el primer momento, Alfonso Villares contó con el respaldo del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. El jefe del Ejecutivo gallego destacó públicamente la «firmeza» de su decisión y subrayó la importancia de respetar los tiempos de la Justicia. Rueda llegó incluso a expresar su deseo de que, una vez aclarada la situación, Villares pudiera volver a la vida pública. Mientras tanto, la Xunta resolvió de forma rápida la sucesión en el departamento de Mar con el nombramiento de Marta Villaverde, que tomó posesión al día siguiente y continúa al frente de la consellería.

Uno de los aspectos más comentados del caso fue el momento en el que el presidente gallego tuvo conocimiento de la denuncia. Rueda reconoció que supo de ella en febrero de 2025, cuando Villares acudió voluntariamente a declarar en comisaría tras recibir una llamada para informarle de la existencia de la denuncia. En aquel momento, según explicó el propio presidente, optó por esperar a que hubiera un pronunciamiento judicial antes de tomar decisiones políticas, ante la posibilidad de que el asunto se archivase sin investigación. La situación cambió en junio, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Galicia se puso en contacto con la Xunta para confirmar si Villares tenía condición de aforado, un paso previo a la apertura formal de diligencias. Fue entonces cuando el consejero decidió dimitir de manera voluntaria, perder esa protección y dejar el caso en manos de un juzgado ordinario en Ferrol, competente en asuntos relacionados con violencia contra la mujer.

Ahora, el Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol ha dado por finalizada la investigación y ha acordado que no procede el procesamiento de Alfonso Villares. Con esta decisión, el sumario queda concluido y el caso pasa a la Audiencia Provincial de A Coruña, que deberá revisar el procedimiento y decidir si respalda el archivo o considera necesario reabrir la causa.