El PP, la Abogacía del Estado y la Fiscalía piden que Rajoy declare en Gürtel por videoconferencia

El Partido Popular presentará este jueves un escrito solicitando que Mariano Rajoy declare como testigo por «videoconferencia» en el juicio sobre el ‘caso Gürtel’, en línea con la petición de la Abogacía del Estado y la Fiscalía, partidarias ambas de resolver el trámite con esta fórmula.

Hace dos semanas, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), que ejerce de acusación popular en esta causa, solicitaba al tribunal encargado de juzgar la primera época de esta trama corrupta (1999-2005) que los magistrados y las partes se trasladasen al propio despacho del presidente del Gobierno en el Palacio de La Moncloa para tomarle declaración.

Dicha asociación afirmaba que «el tribunal y las partes personadas se podrían trasladar al despacho oficial del testigo». En este contexto, recordaban que esta opción ya se efectuó cuando se tomó declaración en instrucción al presidente del Senado, Pío García Escudero.

Añadían que de esta forma, el espíritu de la decisión de los tres magistrados que decretaron que el presidente debía declarar «ante el tribunal» se mantendría «inmodificada». El operativo para tomarle declaración a Rajoy se convertiría así en un espectáculo mediático con decenas de personas acudiendo a La Moncloa para organizar y materializar la citación.

ADADE fue la artífice de que los magistrados de la Audiencia Nacional, que juzgan el caso Gürtel, aceptaran interrogar a Mariano Rajoy, después de haberlo intentado sin éxito en dos ocasiones. Eso sí, el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, emitía un voto particular en el mismo auto donde se aceptaba la declaración del presidente del Gobierno como testigo donde sugería que debía hacerlo a través de «videoconferencia».

El magistrado añadía que “no debería dejarse de lado a la hora de practicarla (la prueba testifical) y, una manera con la que se evitaría contribuir a él, sería si, en lugar de que compareciera ante este Tribunal el testigo, se le tomara declaración desde otro lugar, sin tener que hacerle pasar por la exposición pública, que es verle llegar y estar en la Audiencia Nacional”.

Tras conocer el voto particular de Ángel Hurtado, esta acusación popular calificaba de «inadmisible» la interpretación del magistrado. No obstante, el partido del Presidente del Gobierno, la Abogacía del Estado y el Ministerio Público respaldarán con el citado escrito la postura mantenidad por el magistrado.

Adade vinculada al PSOE

Tras conocer la citación de Rajoy para testificar en el ‘caso Gúrtel’, el PP emitía un contundente comunicado donde calificaba los hechos como “una petición con clara intencionalidad política”. La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) ya había intentado de forma infructuosa en dos ocasiones anteriores, la comparecencia del presidente del Gobierno en este juicio.

En dichas ocasiones, la solicitud fue rechazada por la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado al considerarla totalmente “improcedente”. En el comunicado emitido por los populares, se recordaba que uno de los instructores de la causa, el juez Pablo Ruz, también rechazó el testimonio solicitado por la misma acusación popular “por adivinarse en la motivación de la solicitud un interés ilegítimo y de carácter extraprocesal”.

El PP afirmaba también que Adade está encabezada por Javier Ledesma y Mariano Benítez de Lugo, «muy conocidas por su cercanía al Partido Socialista” y que de hecho el PSOE «siempre se ha sumado a las peticiones” de esta asociación.

Ledesma es militante socialista desde 1973 y fue diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid desde 1983 y 1999. Hha ocupado distintos puestos en el partido, entre ellos, miembro de la Comisión Regional de Conflictos. Además, fue miembro del Comité Provincial de la UGT de Madrid y ha desempeñado su labor como abogado en varios bufetes vinculados a ese sindicato. Su hermano, Fernando Ledesma, fue ministro de Justicia durante el gobierno de Felipe González y presidente del Consejo de Estado entre 1991 y 1996.

Por su parte, Mariano Benítez de Lugo, también militante socialista, formó parte del equipo de apoyo al entonces candidato del PSOE, Josep Borrell. Además, representó como abogado a dirigentes socialistas, entre ellos Cristina Narbona o Rafael Simancas.