El narcochavismo dio apoyo financiero y logístico a ETA en Venezuela

El pasado 20 de enero Antena3 Noticias emitió en exclusiva un vídeo en el que Anna Gabriel (portavoz de la CUP), María José Aguilar (dirigente de Podemos en Castilla La Mancha) e Ignacio Gil de San Vicente, suegro del último jefe de ETA subían al avión de Nicolás Maduro con destino a Caracas, donde acudirían a diferentes actos, uno de ellos de apoyo de la organización terrorista ETA bajo el título Euskal Herria no camina sola. Pero la relación de ETA con el chavismo va mucho más allá.

La investigaciones llevadas a cabo por la conocidísima y respetada Agencia para el Control de Drogas (DEA) y los servicios de inteligencia estadounidenses han dado como fruto el conocimiento profundo de los nexos entre el narcochavismo y el apoyo a grupos terroristas como ETA o las FARC.

La relación de la banda terrorista ETA con el régimen venezolano se remonta incluso antes de la época chavista. En los años ochenta, un nutrido grupo de terroristas recaló en Venezuela tras un acuerdo entre el Gobierno de Felipe González y el de Carlos Andrés Pérez. Pero ese es sólo un pequeño grupo. El resto de miembros de ETA han acudido al paraíso etarra venezolano empujados por la seguridad que ofrece el régimen, primero con Chávez y ahora con Maduro, y gracias a las facilidades que tienen para obtener pasaportes y todo tipo de documentación ‘legal’, además de puestos de trabajo y financiación para la banda.

El último y más sangrante caso de colaboración entre el régimen venezolano y ETA es el de José Ignacio de Juana Chaos. El sanguinario terrorista, con 25 asesinatos a sus espaldas, huyó de Irlanda en 2010, desde entonces está en busca y captura. El refugio elegido por él y su mujer fue Venezuela. Allí no sólo realizan vida normal, incluso regentan un negocio, según informaciones desveladas por El Mundo en febrero de 2015.

Este arraigo de los terroristas vascos en Venezuela sería imposible de no ser por la ayuda prestada por dirigentes del Gobierno. El informe de la DEA al que ha tenido acceso OKDIARIO, detalla qué altos cargos del chavismo, muchos vinculados a los cárteles de la droga que operan en el país (Cártel de los Soles y Cártel de los Flores), han colaborado con ETA, bien facilitando vías de financiación o bien con apoyo logístico.

El mayor general Luis Motta Domínguez, ministro de Energía Eléctrica y presidente de la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), es considerado uno de hombres del aparato chavista que ha tenido una estrecha relación con miembros de ETA. Se le considera uno de los jerarcas más cercanos al régimen cubano y se relaciona también con el tráfico de estupefacientes.

Otro narcogeneral, Hugo Armando Carvajal, jefe de la Guardia Nacional, encargada de controlar carreteras, fronteras, entradas en aeropuertos, puertos, etc. Este general chavista, apodado ‘El pollo’, fue responsable durante años de la inteligencia venezolana. En 2014, llegó a ser detenido en la isla de Aruba, donde había sido nombrado cónsul general de Venezuela, pero quedó en libertad al llegar in extremis sus credenciales diplomáticas. Tras escapar en el último momento de la DEA, regresó inmediatamente a la capital de Venezuela, Caracas.

Rafael Reiter, controló la seguridad de la petrolera venezolana PDVSA, cargo al que ascendió tras ser jefe de guardaespaldas de Rafael Ramírez, presidente de la empresa y hoy embajador ante la ONU. Declaró ante el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia) sobre diferentes aspectos muy cuestionados de su ejercicio. Los servicios de inteligencia sostienen que era el hombre que entregaba millones a Piedad Córdoba, exsenadora colombiana muy vinculada a las FARC y a ETA.

Piedad Córdoba, exsenadora colombiana, es otro nexo del narcotráfico y las FARC con ETA. según los servicios de inteligencia. Fue inhabilitada en 2010 para el cargo por la Fiscalía colombiana por evidencias que la vinculaban a las FARC. Este hecho generó una fuerte controversia en Colombia por ser considerado como persecución política por la propia senadora. La Corte Suprema de Justicia, rectificó el fallo contra Piedad Cordoba. Las pruebas contra ella fueron extraídas del ordenador del guerrillero Luis Edgar Devia Silva alias «Raúl Reyes». 

En el ordenador del líder de las FARC se encontró abundante documentación sobre miembros de ETA, que junto a la incautada por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado español en Francia muestran la estrecha vinculación entre ambos grupos terroristas. Varios etarras detenidos en suelo español confesaron haber acudido a campos de entrenamiento en Venezuela y de haber colaborado en el entrenamiento de operativos de las FARC.

La Procuraduría analizó las salidas del país de la senadora Córdoba, las grabaciones telefónicas a guerrilleros del Bloque Libardo García (FARC) de Cali y el testimonio del ucraniano infiltrado Viktor Tomnyuuk, que tuvo contactos con el comandante del Frente 30 de las FARC, alias «Mincho».

La Procuraduría dijo además, según sus pruebas, que la senadora era conocida con los apodos de: «La Negra», «La Negrita», «Teodora», «Teodora de Bolívar» y «Dorotea»; con los cuales fue identificada en sus contactos con las FARC.

Ella consideró todo el asunto de los emails un montaje policial. Sin embargo, en uno de los escritos interceptados a Raúl Reyes , éste intercambia comunicaciones con otro guerrillero con respecto a su supuesto alias,»Teodora», «que ella cree que hay que soltar algo y entregárselo a Chávez en la frontera y que no sea Ingrid, ya que el resto les importa un carajo», en referencia a la entonces secuestrada ex candidata presidencial Ingrid Betancourt.