La acusación pide que la Guardia Civil investigue el dúplex porque González tiene amigos policías

La Plataforma Salvemos Telemadrid, personada en el ‘caso dúplex’ de Ignacio González como acusación popular, ha elaborado un escrito que remitirá en las próximas horas a la titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Estepona, Isabel Conejo, donde solicitará que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, UCO, se haga cargo de las pesquisas en lugar de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, UDEF, encargada del caso desde su inicio.

Las acusaciones llevan años denunciando la lentitud en la investigación de la supuesta compra de este inmueble de lujo en Estepona por parte del ex presidente madrileño, arrestado durante la ‘Operación Lezo’ hace 3 semanas por presuntos delitos cometidos durante la expansión internacional del Canal de Isabel II. 

Según ha podido saber OKDIARIO, esta acusación justifica la solicitud en las «relaciones de Ignacio González con altos mandos de la Policía» desveladas en los medios de comunicación, que han sido reconocidas por el propio ex dirigente popular en sede judicial y que a su vez han sido denunciadas por la Fiscalía Anticorrupción en varios escritos.

El objetivo de esta petición sería por tanto impulsar la investigación de un caso iniciado hace 5 años y que después de este tiempo «apenas ha avanzado, como consecuencia de las citadas amistades policiales de González».

Las fuentes del caso consultadas ponen en valor «el conocimiento que tiene la UCO de los presuntos delitos cometidos por González en el marco de la ‘Operación Lezo’» y que podrían «guardar relación con la adquisición del dúplex de Estepona».

Estas mismas fuentes denuncian que tras varios años de instrucción «aún se desconoce el origen del dinero con el que supuestamente se compró el inmueble» y que podría ser el resultado «del blanqueo de una comisión». «Si los agentes de la UCO de la Guardia Civil asumen la investigación, podrían encajar las piezas del puzzle», sostienen.

Precisamente, esta misma acusación popular, Salvemos Telemadrid, solicitaba recientemente que la magistrada de Estepona se inhibiera en el ‘caso Dúplex’ para que la causa fuera investigada por el Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, que dirige Eloy Velasco.

Dicha petición se fundamentaba en que Velasco instruye en la actualidad la denominada ‘Operación Lezo’ sobre las presuntos delitos cometidos por González en la gestión del Canal de Isabel II y desde hace casi 3 años la trama Púnica, en la que el ex presidente madrileño también es investigado. González está acusado en Estepona de “cohecho y blanqueo de capitales», presuntos delitos que se atribuyen al ex dirigente popular en los otros casos sobre corrupción instruidos en la Audiencia Nacional.

Tras esta petición formal a la juez del ‘caso Dúplex’, la Fiscalía y el resto de partes personadas en la causa deberán pronunciarse. Si es favorable su decisión, la magistrada tendría que decidir finalmente si se inhibe en el Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional. Un hecho «poco probable» según afirman fuentes del caso.

El lujo de González y su dúplex

El dúplex de Estepona de Ignacio González y su esposa Lourdes Cavero, bloqueado en el marco de la ‘Operación Lezo’, está situado en la urbanización Alhambra Golf en Guadalmina, a 13 kilómetros de Marbella. La vivienda tiene unos 495 m2 de superficie, 257 m2 residenciales y 238 m2 de solárium. Dispone de tres dormitorios, tres baños, cocina, lavadero y aseo.

También cuenta con unas espectaculares terrazas de 112 m2 con calidades de lujo, de hecho, el ex presidente madrileño dispone de jacuzzi, sauna y piscina privada. Además, el complejo residencial tiene otra piscina y con unas privilegiadas vistas al mar.

Según la versión del matrimonio González-Cavero, la casa se compró por 741.100 euros el 8 de diciembre de 2012. El vendedor fue el testaferro profesional californiano Rudy Valner y la operación se efectuó a través de la sociedad Coast Investors, radicada en el paraíso fiscal de Delaware.

El matrimonio asegura que 600.000 euros fueron abonados gracias a una indemnización que recibió Lourdes Cavero y el resto a través de una hipoteca. Ante lo pagado en total por el matrimonio, los investigadores consideran que el valor real de la vivienda en realidad era aproximadamente de 1.300.000 euros.